Las víctimas de pederastia en Colombia están elevando su voz, exigiendo a la jerarquía de la Iglesia católica la desclasificación inmediata de los archivos relacionados con clérigos acusados de abusos sexuales contra menores.
Esta demanda cobra especial relevancia tras una reciente orden de la Corte Constitucional, que obliga a la Iglesia a revelar estos documentos para una investigación periodística en curso.
El caso de Fidel Mauricio Ramírez, un académico de 43 años, es un crudo ejemplo. Según relata en un artículo de EL PAÍS, Ramírez fue abusado por un sacerdote a los 14 años, un evento que lo marcó profundamente. “A mí me falló la Iglesia, me falló mi familia, me falló la justicia”, afirma. Por casi tres décadas, los avances para esclarecer su caso y muchos otros han sido insuficientes, manteniendo viva una herida que solo la verdad puede empezar a sanar.
La esperanza se reavivó a finales de mayo de 2025, cuando la Corte Constitucional emitió una orden crucial. Según Diego Stacey de EL PAÍS, el alto tribunal instó a la Iglesia católica colombiana a desclasificar los archivos pertinentes a clérigos que han ejercido labores pastorales.
Más de 600 curas acusados en Colombia
Esta decisión busca permitir que los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán avancen libremente en su investigación sobre los casos de pederastia dentro de la institución. Hasta el momento, con la información ya obtenida, los comunicadores han logrado revelar los nombres de más de 600 sacerdotes acusados de abuso sexual infantil, una cifra que, según estimaciones, podría ascender hasta los 5.000.
Fidel Ramírez, quien a pesar de su vivencia se reconoce católico, subraya la urgencia de la desclasificación. «La única manera de sanar algo de ese dolor es que se sepa la verdad», manifiesta en el mismo artículo. Argumenta que es fundamental conocer la verdadera dimensión del problema estructural de “depredadores al interior de la Iglesia” para que se tomen medidas efectivas. Para él, si la justicia ordinaria no actúa debido a limitaciones legales (como la no retroactividad de la ley que imprescriptibilidad de estos delitos), debe haber al menos una «sanción social». Ramírez rechaza la idea, esgrimida por algunos jerarcas como el arzobispo Gabriel Ángel Villa de la Conferencia Episcopal, de que la sentencia busca “consolidar un estereotipo”, afirmando que su lucha no es contra la Iglesia, sino contra «los intereses de unos pocos».
Una pelea muy grande
Natalia Restrepo, una farmacéutica de 34 años que denunció haber sido violada por un sacerdote a los 14 años en Envigado, comparte la misma frustración. Su caso es aún más desgarrador, pues tras el abuso, el sacerdote la presionó para inducir un aborto con medicamentos. A pesar de que este sacerdote, quien aún está activo, fue denunciado ante la curia y la Fiscalía, Restrepo, quien vive en Chile, percibe una “pelea muy grande” por parte de la Iglesia para acatar el fallo.
Ella y otras víctimas confían en que la presión judicial finalmente logre destapar la verdad, sin que el supuesto respeto por sacerdotes fallecidos sea una excusa para encubrir los hechos.
Tanto Ramírez como Restrepo se han topado con «un muro de silencio» en sus denuncias iniciales ante las diócesis correspondientes. Sus procesos penales precluyeron debido a la no retroactividad de la ley que imprescriptibiliza los delitos sexuales contra menores. Sin embargo, la presión y la perseverancia de víctimas como Ramírez, que incluso recurrió a la vía penal, lograron que algunos sacerdotes acusados renunciaran a sus cargos, un “pequeño victoria” en su arduo camino de sanación. Ambos testimonios revelan las profundas secuelas que estos abusos dejan, pero también la inquebrantable determinación de las víctimas de luchar por la verdad y la justicia.