El 10 de noviembre, mientras el país bostezaba entre titulares reciclados de “paz total”, siete menores reclutados murieron en un bombardeo contra las disidencias de alias Iván Mordisco. El Gobierno lo llamó “golpe estratégico”, como si la semántica pudiera limpiar la sangre. Petro defendió el operativo con su tono de sacerdote de la paz, pero allá en Guaviare la realidad habló más rápido que él: si esta es la paz de la que tanto presume, ¿cómo se llama entonces lo que dejó siete cuerpos de 14, 15 y 16 años tirados en la selva?
Porque aquí nos encanta el discurso solemne mientras el país se incendia por debajo de la mesa. Y sí, ya arrancaron las investigaciones, pero no nos mintamos: Colombia es experta en investigar para no concluir. Vienen los comunicados, la indignación digital, las explicaciones tibias… y luego el silencio. En Guaviare no. Allá nadie se come el cuento. Allá la gente no vive de promesas sino de miedo, de reclutamientos que no salen en vivo, de un Estado que aparece cada que hay que justificar un operativo, pero nunca cuando les están robando a los hijos.
Y entonces uno se pregunta —porque alguien tiene que preguntarlo—: ¿cuándo fue que este país decidió que un menor reclutado vale menos? ¿En qué momento normalizamos que los muertos jóvenes sean “gajes de la guerra”? Colombia tiene una manía peligrosa: acostumbrarse. Y cuando un país se acostumbra a enterrar niños mientras su presidente predica paz desde un atril, esa nación no está enferma: está perdida.
