Un nuevo acto de violencia golpeó a las fuerzas de seguridad en el departamento de Arauca. El patrullero Roberto Carlos Pabón Ojeda murió y su compañero, el patrullero Jean Carlos Hernández, resultó herido tras ser embestidos y atacados con armas de fuego por seis hombres que se movilizaban en una camioneta y una motocicleta.
El hecho ocurrió en la localidad de Tame, específicamente en el barrio San Antonio, mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia. Según el informe, los atacantes interceptaron a los policías y, tras embestirlos con los vehículos, dispararon repetidamente antes de huir del lugar.
El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, condenó el acto y calificó el ataque como una «barbarie». En un comunicado publicado en sus redes sociales, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó el compromiso de la institución para llevar a los responsables ante la justicia.
Para esclarecer el crimen, el general Salamanca dispuso un equipo especial de inteligencia e investigación criminal que trabajará en conjunto con las autoridades locales.
Además, se han intensificado los operativos en el área con el objetivo de capturar a los autores materiales del ataque, quienes presuntamente forman parte de grupos armados que operan en la región.
Arauca ha sido escenario de múltiples enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, que luchan por el control territorial. Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, solo en 2024 se han documentado 15 asesinatos de defensores de derechos humanos, 51 personas desaparecidas y 42 menores reclutados en este departamento.
Líderes locales y organizaciones sociales han exigido mayor presencia del Estado en la región, argumentando que los continuos ataques contra la población civil y las fuerzas de seguridad reflejan el abandono y la falta de control estatal en la zona fronteriza.
Este ataque se suma a una preocupante escalada de violencia que afecta no solo a los miembros de la Fuerza Pública, sino también a las comunidades que habitan esta región estratégica y conflictiva del país.
