Lo que se está haciendo con los programas contra la violencia de la mujer
Durante un debate en el Concejo de Bogotá, la concejal Diana Diago puso en la mira los millonarios contratos suscritos por las alcaldías locales para programas dirigidos a mujeres, denunciando posibles irregularidades en la forma en que se están invirtiendo los recursos públicos. Según su investigación, desde el inicio de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se han firmado 32 contratos que suman cerca de 35.000 millones de pesos, muchos de los cuales han generado dudas sobre su verdadera utilidad para la protección y el empoderamiento de las mujeres.
Uno de los casos más polémicos se presentó en la Alcaldía Local de San Cristóbal, donde se destinaron 1.100 millones de pesos para la adquisición de kits denominados “Dora la Exploradora”, justificados como una estrategia de empoderamiento femenino. Diago cuestionó la pertinencia de este tipo de inversiones y señaló que, en varias localidades, se han firmado contratos para actividades como paseos exóticos, la entrega de kits de masajes y otros elementos cuya relación con la prevención de la violencia de género resulta cuestionable.
Un caso concreto que llamó la atención de la cabildante fue el de la localidad de Sumapaz. Allí, el contrato CPS 680 de 2024, valorado en 834 millones de pesos y actualmente en ejecución, tiene como objetivo el fortalecimiento del bienestar de las mujeres, así como la atención a víctimas del conflicto armado y a adultos mayores. Sin embargo, Diago denunció que el documento contractual no especifica claramente las actividades a desarrollar, dejando en manos del contratista la ejecución de los recursos sin un control detallado.
Este contrato fue suscrito con la Unión Temporal Aventura Activa, conformada por la Corporación Aventura por la Naturaleza de los Andes y un contratista con antecedentes cuestionables dentro del Distrito. Dentro de los gastos previstos, se encuentran la compra de morrales, libretas, bolígrafos, gorras, binoculares, bloqueador solar y repelente de insectos, por un total de 21 millones de pesos. “No entiendo cuál es la obsesión de esta administración con los binoculares. ¿Acaso creen que con esto una mujer evitará ser víctima de violencia de género? Esto no es más que un insulto a la difícil realidad que viven muchas mujeres en Bogotá”, expresó la concejal con indignación.
Además, se evidenció que dentro del contrato se destinó más de 82 millones de pesos para un paseo al departamento de Santander, bajo el argumento de promover el bienestar y el empoderamiento de las mujeres. “¿Cómo un viaje recreativo puede representar una solución real para una mujer que sufre violencia? Esto es despilfarro puro, un manejo irresponsable de los recursos de las alcaldías locales que deberían estar orientados a programas efectivos de prevención y protección”, cuestionó Diago.
Las denuncias han despertado preocupación en diversos sectores, ya que los recursos públicos que deberían ser utilizados en medidas concretas contra la violencia de género estarían siendo desviados a actividades de dudosa utilidad. Ante esto, la concejal ha solicitado una revisión exhaustiva de estos contratos y ha reiterado su compromiso de seguir investigando las inversiones de las alcaldías locales, con el fin de garantizar que el dinero realmente beneficie a las mujeres que más lo necesitan.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes por parte de la administración distrital, en un contexto donde la seguridad y la protección de las mujeres deberían ser una prioridad real y no un simple discurso.
