La Sala de Reconocimiento de Verdad convocó a ministerios y otras entidades del Gobierno Nacional para hacer seguimiento a las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, acreditadas para participar en el Caso 05, que investiga los crímenes del conflicto armado perpetrados en esta región del país.
En la audiencia
Participaron autoridades y representantes de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos de la zona, quienes presentaron su visión sobre la situación de riesgo de las comunidades y formularon preguntas a los delegados de las entidades convocadas. Los hechos registrados en esta región reflejan la grave crisis de orden público que ha incrementado en los últimos meses debido a la presencia de múltiples actores armados en algunas zonas.
Exactamente, se trata de víctimas que residen en los 17 municipios priorizados: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en Cauca; y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el sur del Valle del Cauca.
Este contexto
Prende las alarmas sobre las afectaciones en los territorios priorizados en la investigación del Caso 05, exponiendo a los colectivos étnicos y sus representantes judiciales a un riesgo extraordinario que pone en peligro la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de cientos de miles de indígenas y afrocolombianos que viven en esa región.
Para la JEP, la situación de inseguridad que afecta al norte del Cauca y sur del Valle del Cauca exige acciones contundentes que permitan reducir, o en su defecto, minimizar el riesgo al que se enfrentan constantemente tanto el Pueblo Indígena como el Pueblo Negro y Afrocolombiano. Cada hecho de violencia en estos territorios limita gravemente a estas comunidades en su capacidad para desarrollar, en sana paz, su cosmología y cosmovisión, afectando contundentemente, a sus familias, relaciones sociales y participación ante la JEP.
