La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una indagación por 36 bloqueos totales de vías en Bogotá y varias regiones del país, incluyendo el Magdalena Medio, Norte de Santander, Nariño y Meta, en el marco de la jornada de paro promovida por el gremio de transportadores. Estas acciones han generado preocupación por su impacto en la salud pública y la seguridad alimentaria.
La afectación como resultado del paro de los transportadores por el aumento del diésel ha llegado a estar en alrededor de 18 puntos de Bogotá.
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 4, 2024
Mañana no habrá clases en colegios distritales y las entidades del Distrito se mantendrán en trabajo en casa.
El paro hoy ha afectado… pic.twitter.com/F8hhLMb4xr
Bloqueos
La investigación de la Fiscalía surge a raíz de los bloqueos registrados en importantes corredores viales en Bogotá y otras regiones como el Magdalena Medio y departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta. Estos cierres han afectado significativamente la movilidad y el acceso a servicios esenciales en las zonas afectadas, agravando la situación para miles de ciudadanos.
Riesgo para la Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Según el comunicado emitido por la Fiscalía, la principal preocupación es el riesgo que estos bloqueos representan para la salud pública y la seguridad alimentaria de las poblaciones que dependen diariamente de estas vías. La obstrucción total de carreteras impide el traslado de suministros médicos y alimentos, poniendo en peligro la vida y bienestar de los habitantes de estas regiones.

La Fiscalía reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero insta a los organizadores y participantes a respetar los derechos fundamentales de las personas ajenas a las manifestaciones, incluyendo la integridad física, la vida, la salud y la libre locomoción. El ente investigador subraya que, aunque el derecho a protestar es legítimo, no justifica la obstrucción de vías que puedan poner en riesgo a la población.
Acciones Legales ante Delitos Derivados de la Protesta
La Fiscalía ha advertido que actuará dentro de sus competencias constitucionales y legales en los casos donde las manifestaciones pierdan su naturaleza pacífica y se transformen en actos delictivos. Esta medida busca garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y evitar que las protestas deriven en situaciones que amenacen el orden público.




