Las Comunidades de Lxs Sin Techo, junto al Comité Ambiental la Orquídea, llevaron a cabo una acción directa para paralizar las obras de conducción de aguas residuales vinculadas a la construcción de un nuevo barrio en predios de la familia Vejarano Gruesso, en la zona occidente de Popayán, colindante con el Barrio Lomas de Granada. La movilización responde a la creciente preocupación por las irregularidades en el proceso de ejecución, que incluyen presunta falta de permisos y la destrucción de rondas hídricas, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el acceso al agua de miles de habitantes.
Según las comunidades afectadas, las autoridades competentes, como la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), han mostrado una preocupante desatención ante las denuncias presentadas sobre los daños ecológicos y las violaciones legales en el desarrollo de estas obras. A pesar de las advertencias, las empresas responsables continúan con los trabajos sin freno, arrasando ecosistemas estratégicos y amenazando los recursos hídricos vitales para la región.
Una de las principales exigencias de las comunidades es la auditoría inmediata a los permisos de la obra, que según denuncian, fueron obtenidos de manera irregular. Además, piden la sanción a los responsables por la destrucción de las rondas hídricas, un atropello ambiental y jurídico que vulnera derechos fundamentales, como el derecho al agua. Mientras tanto, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que podría haber regulado el uso del suelo y protegido las zonas sensibles, sigue sin implementarse, guardado en los escritorios de las mismas instituciones encargadas de velar por su cumplimiento.
El actual contexto de inacción institucional favorece la especulación inmobiliaria y contribuye a un modelo de desarrollo excluyente y depredador. Las comunidades afectadas exigen que se tome acción urgente para proteger los ecosistemas estratégicos y que se declare una moratoria en los proyectos que se desarrollan en zonas de alta sensibilidad ambiental. Además, piden transparencia en la implementación del POT y el fin de la connivencia entre las autoridades y los intereses privados que buscan lucrarse a costa del bienestar colectivo.
