La precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a poner en el centro del debate público el costo y la eficacia del Ministerio de la Igualdad al asegurar, en una intervención mediática reciente, que la entidad representa “una millonada” para el erario y que buena parte del presupuesto se destina a burocracia en lugar de inversión social directa. Valencia afirmó cifras concretas sobre la distribución del gasto —mencionando que del total asignado solo una fracción se orienta a inversión efectiva y que el resto se consume en funcionamiento y nómina— y emplazó al Gobierno a priorizar “soluciones reales” sobre la expansión administrativa.
Qué dijo exactamente Valencia y en qué contexto
En una entrevista en el programa Cómo Amaneció Bogotá (Tropicana), Valencia denunció que el Ministerio manejaba cifras del orden del billón de pesos y señaló que una proporción considerable se destina a gasto burocrático mientras que la inversión en programas concretos sería mucho menor. La senadora ha repetido críticas similares en redes sociales y actos de campaña, enmarcándolas en su discurso de austeridad y eficiencia estatal, y en su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2026.
Los números oficiales: presupuesto y ejecución
El Presupuesto General de la Nación 2025 y los reportes de ejecución presupuestal oficiales muestran cifras asignadas a las nuevas carteras creadas en los últimos años; además, el propio Ministerio de la Igualdad publicó documentos sobre planes de austeridad y reportes de ejecución que detallan partidas asignadas para funcionamiento, inversión y servicios. Esos documentos son la fuente primaria para contrastar afirmaciones sobre cuánto se ha gastado y en qué rubros (por ejemplo, planes de austeridad y reportes de ejecución trimestrales publicados por la entidad).
Es importante distinguir entre presupuesto aprobado (lo que se asigna en la ley de presupuesto), presupuesto comprometido y ejecución (lo realmente desembolsado y gastado). Algunos análisis críticos que circulan desde la oposición se apoyan en el bajo nivel de ejecución que, en determinados periodos, registró la cartera —esto se traduce en una paradoja: presupuesto asignado elevado pero baja ejecución programática en ciertos meses— lo que alimenta la crítica de que hay “gasto en estructura” sin resultados palpables.
¿Qué dicen las cifras difundidas por Valencia?
Valencia habló de cifras redondeadas para enfatizar su argumento (por ejemplo, estimaciones del orden de billones y la proporción entre gasto en burocracia y gasto en inversión). Medios que reprodujeron sus declaraciones recogen esas cifras tal como las presentó ella; sin embargo, la comparación con los documentos oficiales exige un análisis más fino: algunas partidas de funcionamiento (salarios, servicios, contratos) aparecen como funcionamiento en el presupuesto aunque también habilitan la ejecución de programas. En suma: las cifras que cita la política sirven como punta de lanza política, pero su verificación completa requiere cotejar partidas específicas en los reportes oficiales.
Marco institucional y jurídico: ¿sigue funcionando el ministerio?
El origen y la continuidad del Ministerio han sido objeto de controversia jurídica y política: en 2024 la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que lo creó por vicios de trámite, lo que abrió un debate sobre su continuidad y la necesidad de un nuevo marco legal para su sostenibilidad. Adicionalmente, informes periodísticos han documentado cambios de gestión y dificultades internas que complican la implementación de sus objetivos. Todo esto pone el foco no solo en el monto asignado sino en la razonabilidad institucional del proyecto ministerial.
Reacciones y contexto político
La crítica de Valencia es consistente con la estrategia política del Centro Democrático: denunciar “burocracia” y proponer recortes como fórmula para aliviar la carga fiscal. Desde el oficialismo y defensores del Ministerio, los argumentos han sido distintos: subrayar la necesidad de políticas públicas enfocadas en equidad y reparar brechas históricas. Hasta el momento de estas publicaciones no consta una respuesta detallada y pública del Ministerio desglosando punto por punto las imputaciones de Valencia; sí existen documentos oficiales que permiten auditar el uso de recursos y que, por tanto, son la base para una discusión técnica.
Qué hace falta para verificar la afirmación de “millónada”
- Contrastar las cifras: revisar el presupuesto aprobado, los certificados de disponibilidad presupuestal y los reportes de ejecución por rubro (funcionamiento vs. inversión).
- Desagregar contratos y gastos: identificar contratos de prestación de servicios, compras y otros rubros que expliquen partidas de funcionamiento.
- Evaluar resultados: comprobar qué programas se han ejecutado y qué impacto han tenido sobre población objetivo (indicadores de resultado).
Sin ese trabajo técnico, la frase “millónada” funciona principalmente como recurso político: llamativo, movilizador y eficaz en campaña, pero insuficiente para una conclusión definitiva sobre eficiencia o despilfarro.
