La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, figura clave del uribismo, emprendió una nueva cruzada jurídica. Esta vez, el blanco es el huilense Jaime Dussán, actual presidente de Colpensiones. La dirigente del Centro Democrático radicó una acción de cumplimiento para exigir su salida del cargo, alegando el incumplimiento de los requisitos legales para ejercer la dirección de la entidad.
Acción judicial en curso
El proceso, que ya fue admitido por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue radicado el pasado 16 de mayo. En él, Valencia dirige su solicitud no directamente contra Dussán, sino contra los miembros de la junta directiva de Colpensiones, a quienes exige que se pronuncien y procedan a retirar del cargo al expresidente de la CUT, hoy máximo dirigente de la entidad estatal.
El magistrado ponente, Luis Manuel Lasso Lozano, ya inició el estudio del caso. De encontrarse mérito, la junta directiva podría verse obligada a revisar el nombramiento, generando un nuevo revés político para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que defendió la designación de Dussán desde el inicio de su administración.
Requisitos en entredicho
La senadora Valencia sostiene que Jaime Dussán Calderón no cumple con los requisitos técnicos ni la experiencia profesional exigida por la normatividad vigente para dirigir una entidad de la envergadura de Colpensiones. En particular, cuestiona que su trayectoria haya estado más ligada a la actividad sindical y política, y no a la gestión administrativa ni al manejo técnico del sistema pensional.
Esta posición ha sido respaldada por varios sectores de oposición, que ven en el caso de Dussán un ejemplo de “cuoteo político” y no de meritocracia. Desde el oficialismo, sin embargo, se insiste en que su perfil se ajusta a las condiciones necesarias y que el ataque responde a intereses electorales.
Paloma y la carrera presidencial
Con esta movida judicial, Paloma Valencia refuerza su visibilidad nacional en el marco de su precandidatura presidencial dentro del Centro Democrático. Su estrategia política ha estado centrada en señalar supuestas irregularidades del actual gobierno, cuestionar nombramientos y promover debates sobre transparencia y méritos en el sector público.
El caso Dussán se convierte así no solo en un pulso jurídico, sino en una plataforma de confrontación ideológica y de visibilidad electoral. La senadora ha insistido en que su propósito es proteger los principios institucionales, y no una persecución personal, aunque sus críticos lo vean como un acto de revancha política.
El proceso avanza y se espera que en los próximos meses el Tribunal determine si da vía libre al cumplimiento exigido por Valencia. De ser así, el gobierno tendría que barajar nuevamente su ficha al frente de Colpensiones, en un escenario político cada vez más tenso y polarizado.
