Se trata de un modelo que marca un paso importante en la mejora de la seguridad y la convivencia en la región y se enmarca en la hoja de ruta trazada por el Gobierno Nacional que busca integrar a la ciudadanía, las autoridades territoriales y la Policía Nacional en la construcción de acciones para abordar los desafíos de seguridad.
El nuevo modelo se basa en una metodología que establece elementos claves para la planeación y gestión estratégica del servicio de policía, con un enfoque sistémico y orientado a comprender de manera diferencial, flexible y focalizada el territorio en donde se desarrolla la acción policial. El objetivo principal es contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana mediante un servicio de Policía cercano, confiable y efectivo, que atienda las necesidades de las comunidades y las autoridades.
Los seis atributos del modelo destacan la importancia de la prevención, la flexibilidad, la corresponsabilidad, el diálogo ciudadano, la profesionalización y la integridad en la prestación del servicio policial. Estos atributos garantizan una intervención enfocada en las causas de los problemas de seguridad, adaptada a las dinámicas sociales, coordinada con otras instituciones y la comunidad, abierta al diálogo con los ciudadanos, profesional y ética en su ejecución.
