La reciente adjudicación directa de un contrato millonario para la coproducción del Festival Llanero de Villavicencio ha desatado una ola de críticas y sospechas de tráfico de influencias en el Instituto de Turismo de la ciudad. El contrato, valorado en más de 4.000 millones de pesos, fue entregado a Alivepro Producciones sin un proceso de licitación pública, lo que ha levantado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de la contratación.
Conexión
Lo que agrava la situación es la conexión cercana entre Alexis Gutiérrez González, subdirector de Planeación del Instituto de Turismo, y Allan Acosta, representante legal de la empresa beneficiada. Según diversas fuentes, Gutiérrez y Acosta mantienen una relación desde hace años, ambos con vínculos en la representación y contratación de artistas, lo que despierta serias dudas sobre un posible conflicto de intereses en la adjudicación del contrato.
Uno de los puntos más críticos que ha salido a la luz es que, en redes sociales, Alexis Gutiérrez aparece usando una camiseta de Alivepro durante un concierto de Christian Nodal en 2022, evento organizado por Acosta y presentado como parte de la experiencia de Alivepro en la contratación de artistas.
Mas sospechas
Pero las relaciones sospechosas no terminan ahí. Se ha revelado que Lily Lozano, esposa del subdirector Gutiérrez, trabaja en la emisora de la Alcaldía de Villavicencio y fue jefa de Allan Acosta en la emisora La Mega Villavicencio entre 2011 y 2012. Varios analistas locales señalan que este caso podría estar enmarcado en prácticas de nepotismo dentro de la administración del alcalde Alexander Baquero, lo que vulneraría gravemente los principios de transparencia y meritocracia en la gestión pública. La sospechosa red de relaciones entre funcionarios y empresarios parece haber facilitado la entrega de este lucrativo contrato, poniendo en duda la legalidad y ética del procedimiento.
Si bien las acusaciones aún no han sido confirmadas judicialmente, el escenario ya ha dejado un fuerte malestar entre los ciudadanos, quienes exigen explicaciones claras y una investigación exhaustiva sobre el manejo de los recursos públicos.
