Fredy Moreno y Kenny Vásquez fueron procesados por presunta inasistencia alimentaria agravada.
La situación judicial de dos hombres del Tolima tomó un giro delicado luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara acusación formal en su contra por el delito de inasistencia alimentaria agravada. Se trata de Fredy Alexander Moreno Cortés, oriundo de Cajamarca, y Kenny Richard Vásquez Marín, de Ibagué, quienes habrían incumplido de manera reiterada las obligaciones económicas fijadas por autoridades competentes para garantizar el sostenimiento de sus hijos menores de edad.
Según la información divulgada por el ente acusador, ambos procesados contaban o habrían contado con actividades laborales que les permitían generar ingresos. Incluso, se conoció que tendrían vínculos contractuales con entidades estatales, además de desempeñarse en actividades privadas e independientes.
Las investigaciones apuntan a que, pese a contar presuntamente con capacidad económica para responder por sus responsabilidades familiares, los señalados no habrían efectuado los pagos correspondientes a las cuotas alimentarias ordenadas por decisiones judiciales.
Por esta razón, la Fiscalía avanzó con la acusación formal dentro del proceso penal. La conducta investigada está relacionada con el incumplimiento de deberes fundamentales hacia menores de edad, situación que, según las autoridades, impacta directamente sus condiciones de vida y bienestar.
De acuerdo con la legislación vigente, este tipo de comportamientos puede acarrear importantes consecuencias judiciales cuando se demuestra una negativa persistente a cumplir con las obligaciones establecidas por las autoridades competentes.
Ahora, los dos acusados enfrentan un panorama complejo. En caso de no cancelar los valores pendientes o no reparar integralmente a las víctimas dentro del proceso, podrían exponerse a una condena que alcanzaría varios años de prisión.
A esto se suma la posibilidad de ser incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, conocido como REDAM, mecanismo que contempla diversas restricciones para quienes incumplen con este tipo de compromisos.
Entre las limitaciones que podrían enfrentar aparecen impedimentos para celebrar contratos con entidades estatales, ejercer determinados cargos públicos, realizar trámites migratorios, salir del territorio nacional, acceder a créditos financieros o efectuar operaciones relacionadas con bienes sujetos a registro.
La Fiscalía reiteró que el incumplimiento constante de las obligaciones alimentarias constituye un delito y recordó que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes continúa siendo una prioridad dentro de las acciones adelantadas por las autoridades judiciales del país.
