El Contexto de la Demanda:
El Tribunal Administrativo de Boyacá ha admitido una demanda presentada por Carlos Eduardo Bermúdez Ruget contra su hijo, Juan David Bermúdez Vergara, quien ocupa el cargo de concejal de Villa de Leyva para el periodo 2024-2027. La demanda, que busca la pérdida de la investidura del concejal, ha generado gran interés, no solo por la controversia política en sí, sino también por el vínculo familiar entre el demandante y el demandado.
Carlos Eduardo Bermúdez Ruget, actuando como ciudadano en nombre propio, ha solicitado que se declare la pérdida de investidura de su hijo, Juan David Bermúdez Vergara. El concejal fue elegido para el periodo 2024-2027 en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá.
Aunque la demanda se basa en disposiciones legales que permiten que cualquier ciudadano interponga acciones de pérdida de investidura, el hecho de que el demandante sea el padre del concejal agrega una capa de complejidad ética y emocional al caso.
Requisitos Formales y Procedimiento Legal
El Tribunal Administrativo de Boyacá ha confirmado que la demanda cumple con todos los requisitos formales establecidos por la legislación vigente. El artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) permite que cualquier ciudadano, incluyendo los miembros de la mesa directiva de la asamblea departamental o el consejo municipal, solicite la pérdida de investidura de los concejales y ediles. En este caso, Carlos Eduardo Bermúdez, en su calidad de ciudadano, está ejerciendo su derecho para que se revise la legitimidad de la investidura de su hijo como concejal.
Competencia del Tribunal Administrativo de Boyacá
Según lo estipulado en el artículo 152 del CPACA, los tribunales administrativos son los encargados de conocer, en primera instancia, los casos de pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles. Dado que Juan David Bermúdez Vergara fue elegido concejal en el municipio de Villa de Leyva, que pertenece al distrito judicial de Boyacá, es el Tribunal Administrativo de Boyacá el competente para resolver este caso.
Tiempos y Oportunidad de la Demanda
La demanda ha sido presentada dentro de los plazos establecidos por la Ley 1881 de 2018, que permite que la solicitud de pérdida de investidura se haga dentro de los cinco años siguientes a la ocurrencia del hecho que origina la causal. En este caso, no ha transcurrido el plazo máximo para presentar la demanda, lo que asegura que el proceso legal continúa su curso sin que opere la caducidad. Es importante destacar que el demandante también es el representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mozocayo del municipio de Villa de Leyva, lo que añade una dimensión más a la motivación de la demanda.
Cumplimiento de los Requisitos Formales en la Demanda
La demanda presentada por Carlos Eduardo Bermúdez Ruget cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley 1881 de 2018. Esta incluye la identificación de las partes involucradas, la explicación de las causales por las que se solicita la pérdida de investidura, la invocación de las pruebas pertinentes y los canales de notificación correspondientes. Además, el demandante ha acreditado haber remitido copia de la demanda y sus anexos al concejal demandado, lo que asegura que el proceso sigue los pasos legales requeridos.
La Resolución del Tribunal
El Tribunal Administrativo de Boyacá, bajo la ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, ha decidido admitir la demanda y proceder con el estudio del caso. En la resolución, el Tribunal ordena las notificaciones pertinentes tanto al concejal Juan David Bermúdez Vergara como al Ministerio Público, de acuerdo con la legislación vigente. Además, se ha dispuesto que la parte demandada tenga un plazo de cinco días para responder a la demanda, aportar pruebas y hacer las solicitudes que considere necesarias para su defensa.
Impacto en la Ciudadanía
Este caso, que involucra una relación familiar directa en el ámbito de la política local, genera un debate sobre la ética y la transparencia en la función pública. Si bien la demanda cumple con los requisitos legales, la implicación de una disputa familiar plantea dudas sobre la motivación y el interés público detrás de la acción legal. Además, el hecho de que un padre demande a su hijo por la pérdida de investidura subraya la necesidad de revisar los mecanismos de rendición de cuentas dentro de la política local, asegurando que estos procesos sean siempre imparciales y transparentes. Este desarrollo en el caso de la pérdida de investidura de Juan David Bermúdez Vergara invita a una reflexión sobre las tensiones entre la política local y las relaciones familiares, y plantea preguntas sobre cómo garantizar que los mecanismos de control sean efectivos y justos para todos los involucrados.
