En un giro que ha encendido el debate político en Cartagena, el Pacto Histórico sufrió un duro revés este 2 de septiembre: una tutela presentada por Lía Margarita Muñoz, activista y líder local de dicho movimiento, logró paralizar temporalmente las obras de rehabilitación en ocho colegios públicos de la ciudad. Estas obras, impulsadas por la administración Distrital, beneficiaban a más de 7 000 estudiantes en instituciones como Jorge Artel, Santa María y María Reina.
La suspensión se produjo a pocos días de iniciar las labores previstas para mejorar la infraestructura deteriorada. Para la comunidad educativa —integrada por docentes, rectores, alumnos y padres— fue motivo de preocupación, ya que ponía en riesgo el inicio del ciclo lectivo en condiciones dignas.
La reacción fue inmediata: obreros del sector educativo expresaron su rechazo a la tutela con manifestaciones en las que cuestionaron su conveniencia e implicaciones políticas.
El alcalde Dumek Turbay respondió con una declaración contundente, acusando a Muñoz de instrumentalizar la tutela como una maniobra electoral. Turbay aludió a que Muñoz fue contratista del distrito y sugirió que la acción judicial obedecía a resentimientos por esa relación laboral, además de aprovechar la coyuntura para ganar visibilidad.
No obstante, el Juzgado 9 Penal Municipal de Cartagena negó la tutela, con base en un sólido informe técnico presentado por la Secretaría de Educación. Dicho informe evidenció cómo el Distrito había previsto un plan de contingencia: reubicación temporal de estudiantes, acceso continuo al Plan de Alimentación Escolar (PAE), jornadas mixtas o virtuales y fases escalonadas de obra para evitar interrupciones en la educación.
Al levantarse la medida judicial, el alcalde Turbay celebró la decisión judicial, afirmando que ahora la ciudad podrá continuar entregando colegios mejorados en el tiempo programado, al tiempo que defendió que “los derechos de los niños están por encima de la política”.
