Acuerdo político involucra a Francy Ardila en polémico control fiscal en ‘La Musical’.
La política ibaguereña vuelve a sacudirse con la revelación de un presunto acuerdo que, según diversas fuentes, habría definido anticipadamente quién ocupará la Contraloría Municipal. La protagonista es Francy Johanna Ardila, expersonera de la ciudad y figura envuelta en múltiples controversias durante su administración. Detrás de su eventual llegada al órgano de control estaría un pacto entre el exalcalde Andrés Hurtado y la actual mandataria Johanna Aranda, cuyo alcance generaría profundas dudas sobre la independencia institucional en Ibagué.
Ardila ha sido señalada por presuntos actos de corrupción y decisiones administrativas que afectaron gravemente las finanzas de la Personería Municipal. Durante su gestión, compromisos superiores a $1.000 millones dejaron a su sucesor con un margen operativo precario y con el 70% del presupuesto de inversiones ya agotado. Asimismo, denuncias previas han señalado favoritismos familiares, incluyendo contratos por más de $50 millones otorgados a su nuera, Mary Alejandra Paipa, bajo su propia supervisión.
Pero la polémica crece aún más por las posibles inhabilidades que se le atribuyen. Según denuncias formales, Ardila habría suscrito contratos con entidades públicas durante el año previo al proceso de elección para contralor, incluyendo uno firmado en Ibagué. De confirmarse, dicha situación impediría legalmente su designación.
Pese a ello, fuentes de EL OLFATO aseguran que el acuerdo político entre Hurtado y Aranda garantizaría que la eventual contralora no investigue ni la administración pasada ni la presente. Este pacto, afirman, explicaría la facilidad con la que la votación en el Concejo habría sido alineada para respaldar a Ardila.
La elección, suspendida recientemente a petición del personero, quien pidió verificar las posibles inhabilidades, estaría prácticamente definida. La intervención del presidente del Concejo, Camilo Acevedo, habría sido determinante para concretar el acuerdo, sirviendo de puente entre dos sectores políticos enfrentados, pero con intereses convergentes en asegurar una Contraloría afín.
El escenario plantea un oscuro panorama institucional. La posibilidad de que el órgano de control quede subordinado a fines políticos y no a la defensa del patrimonio público genera alarma entre sectores ciudadanos. Para muchos, la inminente designación de Ardila representa la continuidad de un modelo de poder que privilegia lealtades por encima de la transparencia y la vigilancia fiscal.
