La Defensoría del Pueblo y la Unión Europea realizaron una misión conjunta en los municipios de Guapi (Cauca), Olaya Herrera y Mosquera (Nariño), donde la violencia y la vulneración de derechos humanos continúan afectando gravemente a la población. Durante la visita, se recogieron testimonios sobre amenazas, desplazamiento forzado y la presencia de grupos armados ilegales que controlan el territorio.
Del 19 al 21 de marzo, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, se reunieron con líderes comunitarios, alcaldes y organizaciones sociales para identificar estrategias de protección y exigir compromisos concretos para la defensa de los derechos humanos.
Voces silenciadas por la violencia
La región del Pacífico caucano y nariñense ha sido históricamente golpeada por la presencia de grupos armados, quienes disputan el control del territorio para actividades ilícitas. Bertrand expresó que en estas zonas las voces de paz han sido calladas por la violencia y reiteró la necesidad de fortalecer la protección de líderes sociales y comunitarios.
«Estas comunidades no solo han estado solas y sin inversión estatal, sino que han sufrido la violencia de los grupos armados, una violencia que aún persiste», afirmó la defensora del Pueblo.
Iniciativas para la paz y el desarrollo
Durante la misión, se presentaron proyectos financiados por la Unión Europea, como “Liderazgo Juvenil Afro e Indígena”, que fomenta emprendimientos sostenibles en el territorio. A través de cultivos de naidí, plátano y panela, jóvenes afrodescendientes e indígenas han encontrado alternativas económicas frente al conflicto.
«Estos jóvenes han demostrado que, pese a los desafíos, existen opciones más allá de la guerra», destacó la Unión Europea.
Reunión con la vicepresidenta Francia Márquez
Tras la visita, la delegación se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez para exponer la situación y buscar soluciones concretas. La falta de acceso a tierras, empleo y apoyo a economías lícitas ha obligado a muchas comunidades a depender de actividades ilegales para su sustento, señalaron los representantes europeos.
“La erradicación sin alternativas solo profundiza la crisis humanitaria y económica del territorio”, advirtió la Unión Europea, enfatizando la urgencia de medidas estructurales para garantizar una paz real en la región.
