La Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, se convierte esta semana en el epicentro de uno de los juicios más esperados del año: Ovidio Guzmán López, alias ‘El Chapito’ o ‘El Ratón’, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, comparece ante la justicia estadounidense tras alcanzar un acuerdo de colaboración que podría cambiar el rumbo de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México.
Según documentos judiciales y fuentes cercanas al caso, Guzmán López ha decidido declararse culpable de cargos federales que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. La decisión, tomada tras intensas negociaciones con el Departamento de Justicia de EE.UU., abre la puerta a una reducción significativa de su condena, e incluso a evitar la cadena perpetua o la pena de muerte, a cambio de información clave sobre la estructura y operaciones del Cartel de Sinaloa.
Lo que distingue este caso de otros procesos contra líderes del narcotráfico es la dimensión política de las revelaciones que se esperan. Diversos analistas y periodistas especializados han señalado que Ovidio Guzmán estaría dispuesto a detallar los nexos entre el Cartel de Sinaloa y figuras políticas mexicanas de alto perfil, así como rutas de tráfico, operaciones empresariales y vínculos internacionales, especialmente en la obtención de precursores químicos para la producción de fentanilo.
La posible colaboración de Guzmán López ha generado temor y preocupación en sectores del gobierno mexicano, que hasta ahora no han sido informados oficialmente sobre los términos del acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido mayor transparencia y coordinación binacional, advirtiendo sobre el impacto que podría tener la declaración de Ovidio en la estabilidad política y la seguridad nacional de México.
La estrategia de la defensa de Guzmán López se apoya en la llamada “Regla 20”, que permite reagrupar los cargos federales en una sola corte, facilitando así la negociación y la cooperación con las autoridades estadounidenses. Este movimiento legal ha sido interpretado como un intento de acelerar el proceso judicial y maximizar los beneficios de su colaboración.
Expertos en justicia estadounidense subrayan que la reducción de condena para testigos cooperantes depende del valor estratégico y la veracidad de la información proporcionada. En casos previos, la colaboración de capos ha resultado en sentencias sustancialmente menores, siempre que sus declaraciones hayan permitido desmantelar redes criminales y exponer esquemas de corrupción política.
La audiencia de Ovidio Guzmán, programada para el 11 de julio, podría marcar un antes y un después en la relación entre el crimen organizado y el poder político en México. Su testimonio no solo amenaza con debilitar a la estructura delincuencia de Los Chapitos y sus aliados, sino que también podría desencadenar investigaciones y órdenes de aprehensión contra funcionarios y empresarios vinculados al narcotráfico.
