La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa un contrato millonario adjudicado por la administración del exalcalde Andrés Hurtado a Olaguer Agudelo Prieto, el mismo contratista del cuestionado puente de la carrera Quinta con calle 60. El contrato No. 2995 de 2023, por $11.500 millones, estaba destinado al mejoramiento de ocho polideportivos en Ibagué, pero las obras presentan nulo o mínimo avance, a pesar de que el plazo de ejecución ya venció.
El contrato, adjudicado en agosto de 2023, contemplaba la instalación de cubiertas en polideportivos ubicados en barrios como Ciudadela Comfenalco, Villa del Sol, Tulio Varón, Los Ángeles, Onzaga, Tolima Grande, y en los corregimientos de Villa Restrepo y San Juan de la China. Sin embargo, según la denuncia, cuando faltaba un mes para su vencimiento, las obras no avanzaban. Hoy, casi año y medio después, los polideportivos siguen en el abandono, mientras los $11.500 millones parecen haberse esfumado.
Detrás del contrato está Olaguer Agudelo Prieto, un nombre que ya sonaba en los oídos de los ibaguereños por su participación en el fallido puente de la 60. Lo más sospechoso es que ganó este nuevo contrato a finales de 2023, cuando sus incumplimientos con el puente eran más que evidentes. ¿Cómo es posible que se le siga confiando dinero público a un contratista con tan mala trayectoria?
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a siete funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, entre ellos Leonel Alfredo Nieto, exsecretario de Infraestructura (ordenador del gasto – 2023); Norma Margarita Cifuentes Zarta, secretaria administrativa (ordenadora del gasto – 2024); Jonathan Eduardo Suárez Barrera, secretario de Infraestructura (secretario ejecutor); Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, director técnico de Infraestructura (supervisor – 2023); Marco Matheus Saavedra Rangel, director técnico de Infraestructura (supervisor – 2024); Luis Francisco España Ramírez, representante legal del consorcio interventor; y Sandra Yolima Rodríguez, directora técnica de Infraestructura (supervisora del contrato No. 3022). El Ministerio Público deberá establecer si hubo fallas en la planeación del contrato, incumplimientos en la supervisión, interventoría y ejecución de las obras. De comprobarse irregularidades, los funcionarios y contratistas implicados podrían enfrentar sanciones disciplinarias y, en el peor de los casos, la devolución de los recursos mal utilizados.
