El pasado 20 de julio, un operativo militar en la vereda Chirriquí, en el municipio de Lloró (Chocó), desató una crisis que escaló hasta el reciente paro armado de 48 horas declarado por el ELN. Aunque el Ejército aseguró que se trató de una acción contra un campamento guerrillero, líderes locales y habitantes denunciaron múltiples violaciones de derechos humanos. Otra versión del operativo militar que desató el paro armado del ELN en Chocó.
Yohan Yessy Machado, personero de Lloró, reveló que los militares retuvieron sin orden judicial a 15 pobladores —diez indígenas y cinco afrodescendientes—, algunos de ellos docentes. Según las denuncias, uno de los capturados sufrió tortura, varios resultaron golpeados y la comunidad reportó robos de celulares y otros elementos.
“Uno de los jóvenes fue golpeado en la cabeza y casi le fracturan una pierna. A otro lo torturaron con agua y golpes en el rostro. Tenemos las fotos”, declaró Machado.
Ejército justifica operación y niega irregularidades
El Ejército Nacional explicó que la operación buscaba neutralizar una estructura del Frente Manuel Hernández El Boche del ELN. En el sitio hallaron drones, explosivos, computadores y material de guerra, lo que —según los altos mandos— confirmaba la presencia de un centro de entrenamiento para ataques con tecnología.
Este es el comunicado de prensa del ejercito:
El general William Caicedo detalló que la acción permitió identificar a guerrilleros recién llegados de Venezuela, preparados en el manejo de drones con fines ofensivos. “Este grupo planeaba ataques a la Fuerza Pública. La presencia en Chirriquí era estratégica”, sostuvo el oficial.
Frente a las denuncias, el Ejército afirmó que no existe cese al fuego con el ELN, por lo tanto, mantienen todas sus capacidades ofensivas activas y niegan cualquier actuación por fuera del marco legal.
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ELN declara paro armado y Fuerzas Militares lanzan contraofensiva
El Frente de Guerra Occidental del ELN respondió al operativo con un paro armado en varios municipios del Chocó. La guerrilla advirtió que la población no podrá movilizarse por ríos ni vías terrestres durante 48 horas a partir del 25 de julio.
Las Fuerzas Militares reaccionaron con un despliegue conjunto del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, enfocado en proteger corredores fluviales y centros urbanos. Aseguraron que no permitirán restricciones armadas a la movilidad civil y llamaron a la ciudadanía a denunciar amenazas a través de la línea 107.
“Estos narcoterroristas quieren sembrar miedo para controlar rutas del narcotráfico. No lo vamos a permitir”, afirmó el Comando General.
