Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá envió a prisión domiciliaria al ex gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, investigado por los delitos de concierto para delinquir; financiación de grupos terroristas y de delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por sus presuntos vínculos con la guerrilla del Eln.
Esta decisión fue tomada por el magistrado, de manera virtual, tras considerar que Alvarado Bestene, aunque sí representa un peligro para la sociedad, debe estar detenido en su domicilio principalmente para que pueda continuar con su tratamiento médico, que se realiza con frecuencia y no puede ser interrumpido.
Bestene, según el magistrado, no tiene limitaciones motrices importantes, pero tiene ligeros problemas de comprensión y comunicación.
Esta decisión también fue argumentada por el magistrado, dando plena credibilidad a los testimonios y pruebas materiales utilizadas por la Fiscalía, que imputó a Alvarado Bestene porque durante su gestión como gobernador (2016 – 2019) presuntamente realizó un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos miembros del frente Domingo Laín Sáenz de este grupo ilegal, para continuar con sus actividades delictivas, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamiento por los municipios de la zona.
Estos acuerdos se habrían realizado con los llamados ‘chuchos’ de la organización (altos mandos) como Ramiro Torres alias Lenin, Adelmo Aguirre alias Bateman, Gustavo Quinchia alias ‘Pablito’, entre otros, y el más importante en la investigación, por ser el presunto contratista estrella del departamento, Jhony Alexander Bello, alias ‘El Gordo Giovanny’.
El escrito de acusación de la Fiscalía, que fue aceptado por el magistrado, también argumentó que solo durante 2016 – 2019, Alvarado Bestene, entregó varios contratos a ‘El Gordo Giovanny’ y su esposa para diferentes objetos como infraestructura educativa, ampliación para celdas de disposición de residuos sólidos, entre otros, sin cumplir los requisitos legales y que fueron gestionados por la guerrilla para «financiar sus estructuras y mantener ese control territorial y social en la región».
Además, durante este periodo, el mandatario habría recibido apoyos ilegales para ser elegido como gobernador, a cambio de millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento donde incluso los campesinos y habitantes de Arauca fueron movilizados por la guerrilla para votar por Alvarado Bestene, en las elecciones regionales.
Tras este apoyo, dice la acusación, Bestene entregó al ELN entre 1.000 y 2.000 millones de pesos cuando fue elegido gobernador y la participación del 10% del valor de cada contrato adjudicado, además de la entrega de información sobre el movimiento de tropas y la desmilitarización de zonas para la realización de actividades ilícitas.
