El pasado martes 31 de agosto, los empleados que hacen parte de la IPS Remy, ubicada en el barrio Cámbulos de la ‘Ciudad de las Acacias’, realizaron un llamado a los medios de comunicación del municipio para denunciar que la clínica en mención iba a cerrar sus puertas de forma definitiva, realizado el traslado de pacientes hacia otra ciudad y dejando a la deriva los sueldos de los mismos, que en su mayoría son auxiliares de enfermería, pues el tiempo de nómina que les adeudan correspondería a más de 4 meses, imposibilitando de la misma manera su acceso a salud y pensión obligatoria.
Meses anteriores
Según Claudia Pineda, auxiliar de enfermería, “En total somos 56 trabajadores incluyendo personal asistencial, servicios generales y vigilancia, y nos adeudan entre 4 y 5 meses de salario, mientras que al personal de cocina les deben las prestaciones sociales”.
Otros pronunciamientos
Por otro lado, Maicol Rico, quien llevaba tan sólo un mes trabajando para la institución, mencionó que al ingresar a laboral allí se dio cuenta que a sus compañeros no les habían pagado los meses de trabajo, a lo que mencionó que “no estamos cometiendo ningún acto vandálico, se está haciendo un pequeño bloqueo porque la excusa de ellos es sacar a los pacientes, montarlos a los buses y trasladarlos, pero la pregunta es después de que los saquen quién nos paga a nosotros”.
Clausura
Aparentemente, la Secretaría encontró diferentes irregularidades dentro del centro y ordenó el cierre definitivo de la clínica, a lo que los trabajadores de la misma decidieron impedir el traslado de los pacientes que según el administrador, Steven Hernández, mencionó que “es un cambio temporal que se va a hacer, unas adecuaciones que se van a hacer, los pacientes no tienen la culpa de nada de los que se les debe aquí a las personas aquí presentes”.
Sin respuestas
Posterior a esto, cuando se le preguntó sobre la fecha en la cual se les iban a cancelar los sueldos a los auxiliares el administrador respondió que dicha información no podría ser suministrada en su momento.
En desespero
Marcela Cuellar, quien también labora en la institución, puntualizó que “tenemos familias en las casas sin comer, sin poder pagar arriendos, y sin nadie que nos ayude”.
