Casi dos décadas han pasado desde el día en que un fallo de la corte constitucional decretó la zona de amenaza volcánica alta (Zava) para tres municipios aledaños al Volcán Galeras. La decisión administrativa produjo el destierro para miles de personas, pérdida de cultivos agropecuarios, y prohibir la inversión social provocando atraso en el desarrollo infraestructural, vial, educativo y comunitario.
Cuatro gobiernos nacionales, departamentales y municipales han pasado, cada uno con promesas diferentes y proyectos insuficientes para atender las necesidades de la comunidad, y otros que lo único que lograron, fue agravar más la situación económica, con proyectos como Casa Galeras y otros más, en los que se mal invirtieron los pocos recursos que han llegado para estás comunidades.
Por esta razón, la fuerza y la unión de la gente, ha permitido avanzar en acciones estipuladas en la ley para recuperar sus territorios. Luego de presentar estudios y nuevos diseños de riesgo, una juez promiscua del Municipio de La Florida, ordenó al gobierno nacional implementar un Plan Integral construido con la comunidad afectada y de esta manera resarcir el daño causado durante tantos años de abandono.
Esta medida jurídica, obliga al Director Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo y su equipo técnico, para que el próximo 19 de noviembre llegué a la capital nariñense y socialicen junto a la comunidad las acciones que harán parte del Plan Integral para la Atención y Prevención de Desastre.
El presidente del movimiento social Territorio Galeras, Edgar Torres Palma, señaló que toda esta zona de influencia del volcán Galeras cuando es decretada como zona de desastre en el 2005 y que a la fecha son 19 años se ha caracterizado porque el desarrollo social se congeló.
Agregó que esta zona se ha caracterizado primeramente por la miseria y hambre en donde la gente está sin proyectos productivos en donde no existe inversión en salud, educación, vías de comunicación, “es decir prácticamente todo ese desarrollo se detuvo, hoy gracias a que la Corte Constitucional mediante una sentencia en el 2015 ordena que se lleven a cabo unos estudios detallados de riesgo con un metodología probabilística y que se contrate a una firma muy importante y eso determina que se cambie el panorama porque el riesgo es bajo y obviamente el Gobierno con las entidades tiene que desarrollar procesos de prevención para que no ocurra una tragedia como la que ocurre en España”, dijo.
