El presidente Gustavo Petro deberá retractarse públicamente de las declaraciones que realizó en contra del fiscal Mario Burgos, tras un fallo judicial emitido por un tribunal colombiano. En su resolución, la corte concluyó que las afirmaciones de Petro sobre el fiscal, que fueron calificadas como calumniosas, carecían de pruebas sólidas y afectaron la reputación de Burgos. El mandatario había señalado al fiscal de estar involucrado en presuntas irregularidades dentro del sistema judicial, acusaciones que según el fallo, no se basaron en hechos verificables y, por ende, resultaron en una difamación injustificada.
El fallo ha generado un fuerte debate político en Colombia, dado el contexto de tensas relaciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía General. Mientras algunos defienden el derecho del presidente a señalar posibles corruptelas dentro del poder judicial, otros consideran que las declaraciones de Petro cruzaron una línea ética y legal. La orden de retractación, que debe ser cumplida en un plazo específico, podría tener implicaciones tanto en la imagen del presidente como en las dinámicas de poder en el país, especialmente en un periodo de creciente polarización política.
