En Chaparral, Tolima, la minería ilegal volvió a encender alarmas.
Cortolima reveló que las violentas asonadas registradas durante operativos no fueron protagonizadas por habitantes locales, sino por foráneos provenientes de Antioquia y Cauca. La directora Olga Lucía Alfonso confirmó que estructuras criminales controlan el negocio ilícito, pese a existir títulos mineros legales en la zona. Además, señaló la presencia de disidencias de las FARC detrás de la financiación. Autoridades anunciaron que los operativos continuarán para frenar el avance de estas actividades ilegales.
La situación ha generado preocupación en comunidades rurales, que denuncian el impacto ambiental y social de estas prácticas. Líderes locales advierten que la minería ilegal no solo destruye ecosistemas, sino que también expone a jóvenes y menores de edad a dinámicas criminales, aumentando la vulnerabilidad de la población.
