En una operación conjunta en el marco del Plan Estratégico de Campaña Conjunto «Ayacucho», se llevó a cabo un allanamiento en el centro penitenciario y carcelario de Buenaventura, situado en la comuna 9 del Distrito Especial. Este centro era utilizado como base de operaciones para una red de extorsión dirigida a diversos sectores gremiales.
Operativos
Las tropas del Gaula Militar de Buenaventura, junto con el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el apoyo del Instituto Penitenciario Carcelario (INPEC), realizaron registros en las celdas del centro penitenciario, resultando en la incautación de una serie de elementos ilícitos.
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Entre estos se encuentran siete armas blancas, 91 teléfonos celulares de diferentes marcas, 70 cargadores de celulares, 32 manos libres para celulares, 130 tarjetas SIM, una consola de videojuegos, tres parlantes tipo bafle, una barra de sonido, 45 botellas de licor, 80 latas de cerveza, un módem de wifi, seis memorias extraíbles para almacenamiento de información, 217 gramos de clorhidrato de cocaína, 4.1 kilogramos de marihuana, entre otros.
Investigación
Según la información de inteligencia recopilada, se pudo determinar que desde este centro penitenciario y carcelario se llevaban a cabo llamadas extorsivas dirigidas a distintos gremios, tales como comerciantes, transportadores, profesores, hoteleros y pescadores.
El propósito de estas extorsiones era obtener ingresos económicos para financiar las actividades delictivas de grupos como el Grupo Armado Organizado Residual «Jaime Martínez» y las facciones de «Los Shottas» y «Los Espartanos» del Grupo Delincuencial Organizado «La Local», con el fin de mantener el control del territorio y enfrentarse en confrontaciones armadas.
Incautación
Todo el material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía en Buenaventura para su respectivo análisis e investigación. Es importante destacar que la extorsión en Colombia es considerada un delito grave, penalizado con hasta 24 años de cárcel según lo establecido en el Código Penal.
Esta operación conjunta es un claro ejemplo del compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana.
La colaboración entre la Armada de Colombia, la Fiscalía y otras entidades demuestra la importancia de la coordinación interinstitucional para desarticular las redes criminales y garantizar la tranquilidad de la población.
