Investigación periodística basada en correos internos, informes de riesgo y registros del sistema del Banco Agrario reconstruye una serie de operaciones entre 2022 y 2025 que involucran a empresas vinculadas a María Teresa y Juan Carlos Alcocer —hermanos de la primera dama Verónica Alcocer—: solicitudes y estructuras de crédito que suman, en su planteamiento, más de $8.000 millones, un crédito desembolsado por cerca de $898 millones y el contrato de arrendamiento de una sucursal por diez años cuyo valor total asciende a $3.669 millones. La documentación muestra además alertas internas por riesgo reputacional y la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) de los interesados.
Qué encontraron los periodistas
Periodistas de Mañanas Blu 10:30 y medios que retomaron la investigación (entre ellos Blu Radio y El Colombiano) dieron a conocer correos, actas y anotaciones internas que detallan cómo se intentó estructurar un “negocio inmobiliario” con múltiples piezas: fiducias constituidas con activos de empresas vinculadas a los Alcocer, contratos de comodato y arriendos administrados por compañías del mismo grupo, y la propuesta de financiación a cargo del Banco Agrario. En esos correos se describe un esquema por partes que, según los documentos, permitiría garantizar pagos al banco con flujos de arriendo.
Según los archivos revisados por la investigación, entre 2022 y 2025 hubo varias solicitudes y trámites relacionados con créditos por montos que, sumados, superan los $8.000 millones, aunque no todos los créditos fueron aprobados ni desembolsados. En el registro del sistema interno del banco (Cobis) se constata al menos un crédito desembolsado a una empresa vinculada por $898 millones.
Alertas internas y riesgo reputacional
Los mismos documentos incluyen informes del área comercial y solicitudes dirigidas a Sarlaft (la unidad de prevención de lavado y de riesgo reputacional) en las que funcionarios sugieren que el negocio implicaba “alto” riesgo reputacional. Los reportes señalan antecedentes periodísticos y conexiones societarias complejas (fraccionamiento de créditos, vínculos accionariales entre empresas) que, a juicio de algunos analistas internos, debían motivar controles adicionales o, en su caso, abstenerse de emitir un concepto comercial favorable. La investigación subraya que, por ser familiares de la primera dama, las empresas entran en la categoría de PEPs y por tanto deberían recibir tratamientos más estrictos en la evaluación.
Es importante precisar, como lo hacen los mismos reportes, que los hechos documentados en los informes y correos no implican necesariamente responsabilidad penal de las personas involucradas; son alertas internas y procedimientos de control habituales cuando una operación involucra a PEPs o cuando hay antecedentes que pueden afectar la reputación de la entidad.
El contrato de arrendamiento: ubicación, valores y vínculo societario
Adicionalmente, la investigación da cuenta de un contrato de arrendamiento celebrado por el Banco Agrario en marzo de 2025: la sucursal que estaba en la calle 100 con carrera 17 se reubicó a la calle 100 con carrera 49 (un local situado en el primer piso de un edificio donde operan empresas vinculadas a la familia Alcocer). El contrato, firmado por la entidad (con la firma que figura en los documentos), sería por diez años y por un valor total de $3.669 millones —equivalente a un canon mensual reportado de 30 millones—, y la administración del contrato aparece a cargo de una compañía vinculada. Esta coincidencia entre la estructura del negocio inmobiliario y la reubicación/arrendamiento de la sucursal es uno de los puntos centrales de la nota periodística.
Cronología y actores relevantes
- 2022–2025: fecha en la que se concentran las solicitudes y tramitaciones internas conocidas por la investigación.
- Empresas señaladas: FEMA, PRAGA, AFORESTAR y otras sociedades relacionadas con la familia Alcocer; INALCA Colombia S.A.S. aparece como administradora de contratos; CENTUM BUSINESS BUILDING figura como propietario/administrador de espacios.
- Funcionarios mencionados: en los documentos aparecen nombres de funcionarios de la vicepresidencia de banca agropecuaria y del área de estructuración; en la cobertura se menciona además el presidente del Banco Agrario (Hernando Chica Zuccardi) por su nombramiento en esta administración y por vínculos geográficos/familiares con la primera dama, según la nota.
Contexto institucional y legal
El Banco Agrario es una entidad estatal con mandato de fomento agropecuario; por eso la investigación plantea preguntas éticas y de misión pública: ¿es adecuada la canalización de líneas de la entidad hacia negocios inmobiliarios vinculados a familiares de personas en el círculo del poder? Las normas contra el lavado de activos, las políticas internas de Sarlaft y el tratamiento especial para PEPs exigen controles reforzados y mayor escrutinio cuando existe riesgo reputacional. La documentación periodística pone en relieve precisamente esos mecanismos internos de control y las recomendaciones que algunos funcionarios elevaron.
Qué falta por conocerse y respuestas oficiales
Las notas citadas presentan documentos y registros internos, pero no necesariamente concluyen sobre responsabilidades legales. En la publicación consultada no aparecen comunicados extensos del Banco Agrario que contradigan o confirmen todos los detalles de la investigación; cualquier procedimiento sancionatorio o administrativo dependería de investigaciones internas formales o de autoridades competentes si se detectaran irregularidades. Los periodistas citan fuentes y documentos internos; la verificación completa requeriría la versión oficial del banco y, si procede, las aclaraciones de las empresas involucradas.
Conclusión
La investigación periodística muestra una trama compleja de relaciones societarias, solicitudes de crédito y contratos inmobiliarios que conectan a empresas de la familia Alcocer con operaciones del Banco Agrario durante 2022–2025. Los documentos internos citados por los medios señalan alertas por riesgo reputacional y la condición de PEPs, mientras que en los registros públicos y del propio banco constan al menos un crédito desembolsado y el contrato de arrendamiento por diez años. La difusión de estos hallazgos abre preguntas sobre transparencia, misión institucional y controles de gobernanza en entidades públicas; la respuesta definitiva requerirá aclaraciones oficiales y, eventualmente, investigación administrativa o judicial si las autoridades lo estiman necesario.
