En agosto de 2025, Colombia enfrenta una de las crisis de seguridad más delicadas de los últimos años. Los atentados ocurridos en Cali y Antioquia, que dejaron decenas de víctimas mortales y heridos, han obligado al Gobierno a desplegar la Operación Sultana, una ofensiva militar y de inteligencia que busca restablecer el orden y frenar la escalada de violencia.
En Cali, un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de una base militar, provocando la muerte de varios ciudadanos y dejando un alto número de heridos. Paralelamente, en Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado mediante el uso de drones, un hecho que generó alarma por el nivel de sofisticación alcanzado en los ataques.
La Operación Sultana contempla el aumento de patrullajes en zonas críticas, el refuerzo de inteligencia en áreas estratégicas y la implementación de medidas de seguridad tecnológica para contrarrestar el uso de drones con fines terroristas. Además, se han priorizado operativos para la identificación y captura de los responsables.
La violencia registrada ha impactado de forma inmediata en la opinión pública y en el debate nacional, poniendo la seguridad en el centro de la agenda política y social. La ofensiva del Estado busca recuperar la confianza de la ciudadanía y demostrar capacidad de respuesta ante una amenaza que ha puesto en riesgo la estabilidad del país.
Con la Operación Sultana en marcha, Colombia vive un momento decisivo en su lucha contra los grupos armados ilegales, en el que la tecnología, la inteligencia militar y la coordinación interinstitucional serán claves para evitar nuevos atentados y garantizar la protección de la población civil.
