Expertos de la ONU denunciaron el martes una “intensificación del aparato represivo” en Venezuela en medio de las críticas a la reelección del presidente Nicolás Maduro, señalando violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, con el fin de “silenciar” a la oposición.
En septiembre de 2019, Naciones Unidas amplió su monitoreo sobre la situación en Venezuela a través de la creación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en el país. Un nuevo informe de la misión cubre el período entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.
Este grupo de expertos, con el que Venezuela se ha negado a cooperar, sostiene que la respuesta de las autoridades a las manifestaciones tras las elecciones de finales de julio, que la oposición denunció como fraudulentas, marcó un nuevo deterioro del Estado de derecho.
Según Patricia Tappatá, experta de la misión, “el plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron contra aquellos que osaron criticar al presidente Maduro o protestar contra los resultados electorales”. Añadió que las autoridades actuaron especialmente contra miembros de la oposición política o personas “percibidas como opositoras”, pero subrayó que “cualquier persona podía ser víctima”.
Las formas más crueles de represión
Tappatá describió las torturas y abusos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro contra los opositores, destacando que muchas de las personas detenidas durante este período fueron sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a violencia sexual. Estas prácticas incluyeron descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación del sueño. Las víctimas incluyeron tanto a hombres como a mujeres y niñas.
“La misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”, señaló Tappatá.
El informe concluye que estas violaciones de derechos humanos “no son actos aislados o fortuitos, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, intimidar y reprimir a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro”.
Tras la proclamación de Maduro, rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, estallaron protestas que dejaron 27 muertos, 192 heridos y aproximadamente 2.400 personas detenidas, según fuentes oficiales.
