En Popayán, la política parece convertirse en un teatro del cinismo. Once de los 19 concejales del cabildo, que el pasado 1 de octubre respaldaron a Daniel Muñoz conocido por su historial de privatización de servicios públicos como presidente del Concejo 2026, se presentaron el martes 7 de octubre reclamando “independencia” y dignidad institucional.
La escena generó asombro y críticas en la ciudadanía, pues estos mismos concejales han apoyado históricamente la entrega de servicios esenciales a manos privadas, en detrimento de los intereses de la ciudad. Entre ellos destaca José Alexander Campo, quien durante años defendió la privatización de alumbrado, recolección de basuras y trámites de tránsito, y hoy exige respeto moral y autonomía política.
Por contraste, ocho concejales se mantuvieron coherentes votando por Luis Enrique Inchima, representante de una nueva generación política con discurso de cambio. Sin embargo, varios recién llegados se sumaron a la alianza privatizadora, evidenciando que los discursos de renovación pueden diluirse rápidamente ante las prácticas de la vieja política.
La situación revive la preocupación por el futuro de los servicios públicos en Popayán, mientras otras ciudades como Medellín demuestran que mantener empresas públicas fuertes permite reinvertir utilidades en programas sociales y desarrollo. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable: ¿cuánto dinero se pierde cada año en Popayán por la privatización de lo público?
