Popayán fue escenario de un acontecimiento histórico para la justicia administrativa del país. A través del liderazgo jurídico del doctor José Luis Diago Franco, se obtuvo una sentencia trascendental que ordenó la eliminación masiva de todas las multas de tránsito prescritas que permanecían registradas como vigentes en la Secretaría de Tránsito, pese a que habían superado los plazos legales de cobro.
El fallo evidenció que durante años miles de ciudadanos figuraron con sanciones que jurídicamente ya estaban extinguidas. El artículo 159 del Código Nacional de Tránsito exige que la prescripción sea declarada de oficio, sin necesidad de que el afectado la solicite. Sin embargo, la entidad municipal omitió este deber, generando bloqueos, reportes y trámites injustificados que afectaron a la ciudadanía de manera prolongada.
Advertencias ignoradas
El problema había sido identificado más de un año antes de la decisión judicial, cuando se constató que la Secretaría de Tránsito mantenía sanciones prescritas como vigentes sin adelantar los actos administrativos correspondientes. Para representar el caso, se acudió al doctor José Luis Diago Franco, concejal que perdió la Alcaldía por un estrecho margen y que decidió asumir la defensa pública ante lo que calificó como una omisión grave que afectaba la vida cotidiana de miles de familias payanesas.
Se promovieron debates de control político, se enviaron derechos de petición y se advirtió al alcalde municipal y a organismos de vigilancia sobre la irregularidad. No obstante, no se ejecutaron acciones correctivas. La falta de respuesta institucional llevó a que se acudiera a la jurisdicción contenciosa, donde el Tribunal Administrativo del Cauca determinó que hubo violación al debido proceso, afectación masiva de derechos y un incumplimiento sostenido del deber de depuración de la información.
Impacto político
El Tribunal ordenó eliminar todas las multas prescritas y expedir los actos administrativos que la Secretaría omitió durante años. Para el equipo jurídico que llevó el caso, la sentencia demostró que la insistencia y el rigor técnico pueden corregir fallas estructurales que permanecieron sin atención por parte de la institucionalidad.
