«Segundo alcalde asesinado en menos de una semana en Ecuador, en vísperas del referéndum constitucional del domingo»
Menos de una semana después del asesinato del alcalde José Sánchez en Ponce Enríquez, otra tragedia golpea a Ecuador. Esta vez, en Portovelo, provincia de El Oro, el alcalde Jorge Maldonado fue asesinado a tiros el viernes por la mañana. Ambos crímenes, separados por 180 kilómetros y en diferentes provincias, comparten un denominador común: la presencia del crimen organizado en regiones ricas en recursos minerales, especialmente oro, plata y cobre, a través de la minería ilegal. La política municipal se ha vuelto peligrosa en Ecuador, con este siendo el tercer asesinato de un alcalde en 2024 y el cuarto en menos de un año.
Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), señaló que estos actos no son simplemente tragedias individuales, sino indicativos de una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la vida de todos los líderes municipales. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa y su Gobierno han optado por el silencio ante estos eventos.
Estos son días difíciles para el Ejecutivo, que enfrenta una crisis energética que deja al país a oscuras durante más de nueve horas al día. Además, se acerca una consulta popular y referendo convocados por el mandatario, con once preguntas destinadas a reformas legales y constitucionales para mejorar el control de la seguridad en el país. Sin embargo, ninguna de las preguntas aborda directamente el problema de la minería ilegal, a pesar de que la policía ha identificado la participación de bandas delictivas como Los Lobos en el lavado de dinero y la exportación irregular de minerales.
La falta de control estatal se extiende por vastas regiones mineras del sur de la sierra y el oriente del país, donde el narcotráfico ha penetrado con violencia. La AME ha solicitado al Gobierno un análisis de riesgo para los 221 alcaldes del país, pero hasta ahora solo 30 han recibido protección policial. La integridad de los alcaldes no es negociable, según Maldonado, quien exige soluciones urgentes para garantizar su seguridad y permitirles servir a sus comunidades sin temor por sus vidas.
La respuesta del Gobierno ha sido insuficiente, argumentando limitaciones financieras para satisfacer todas las demandas.
