Ola de violencia contra guardianes del Inpec desata crisis por supuesta «trampa» en proceso de paz

En una escalada de violencia sin precedentes, cabecillas de grupos criminales han desatado un plan criminal contra los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia. La razón detrás de esta arremetida violenta sería una venganza por supuestas promesas incumplidas en el marco de un proceso de paz, específicamente relacionado con la denominada ‘paz total’ impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

La situación ha alcanzado niveles críticos, con el reciente ataque a tiros contra el dragoneante del Inpec, Jesús Cárdenas, frente a la cárcel La Ternera en Cartagena, y otro incidente similar en Buga, donde un grupo de funcionarios fue blanco de la violencia criminal.

Fuentes de inteligencia y testimonios de los propios guardianes del Inpec apuntan a que la raíz de esta ola de violencia se encuentra en una presunta promesa incumplida del Gobierno hacia los líderes criminales. Según un guardián del Inpec, quienes lideran estas organizaciones esperaban ser incluidos en la ‘paz total’, lo que les garantizaría un mejor tratamiento penitenciario e incluso la posibilidad de obtener la libertad mediante mesas de paz instaladas en diversas cárceles del país. Sin embargo, estas expectativas no se materializaron.

El descontento de los cabecillas se hizo público a través de comunicados de la llamada Oficina de Tuluá, vinculada a la banda La Inmaculada. En estos comunicados, los criminales dirigieron mensajes directos al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, exigiendo ser reconocidos como parte del conflicto y amenazando con demostrar su poder en el país.

Las promesas incumplidas, según los testimonios de los guardianes, provendrían del excomisionado para la paz, Danilo Rueda, quien habría ofrecido condiciones más favorables a los criminales de las que finalmente se implementaron. En lugar de mesas de diálogo, se desplegó la Operación Dominó, una estrategia que busca desbaratar los negocios ilegales de los delincuentes tras las rejas, especialmente en relación con la extorsión.

La violencia contra los funcionarios del Inpec se ha convertido en una presión adicional al Gobierno para cumplir con las supuestas promesas no cumplidas. Mientras tanto, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se destaca la disposición del Gobierno para dialogar con grupos criminales, pero se hace hincapié en que no se cederá ante presiones o intimidaciones violentas. La crisis sigue desatando preocupaciones sobre la seguridad en las cárceles y la efectividad de los procesos de paz en curso.