Isabelita Mercado, consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá, confirmó que este lunes 14 de abril arribaron a la ciudad 40 familias desplazadas provenientes del Catatumbo, en Norte de Santander, quienes se vieron obligadas a huir nuevamente tras recibir amenazas en la vereda Las Pavitas, en el municipio de Puerto Boyacá, donde habían sido reubicadas temporalmente. Ante la crítica situación, la funcionaria hizo un llamado urgente a la Agencia Nacional de Tierras para que asuma su responsabilidad y avance en los procesos definitivos de reubicación, con el fin de evitar que estas personas sean re victimizadas.
El Distrito dispuso una atención inmediata que incluye alojamiento temporal, acceso a servicios de salud, educación, apoyo psicosocial, integración social y orientación jurídica. Además, se realizará una caracterización socioeconómica para determinar cuántas familias se quedarán en Bogotá y en qué condiciones podrán integrarse.
Una ciudad que recibe, pero que también se desborda
Este nuevo desplazamiento masivo refleja el deterioro de la situación humanitaria en el Catatumbo, donde el conflicto armado sigue provocando violencia, desarraigo y una oleada creciente de personas en busca de refugio. Solo en enero de 2025, Bogotá recibió un 30 % más de población desplazada que en años anteriores, según cifras oficiales.
Para enfrentar la emergencia, el Distrito ha reforzado su capacidad operativa, cuadruplicando el número de cupos en los albergues y entregando subsidios de arriendo y bonos de alimentación a más de 1.600 personas. No obstante, las autoridades advierten que los recursos están al límite.
En medio de esta situación, la Administración Distrital reiteró su llamado a la Unidad para las Víctimas para que asuma el alojamiento de la población indígena Emberá, que permanece en Bogotá desde septiembre de 2023 sin una solución definitiva. Estas familias llevan más de medio año en albergues distritales, lo que ha incrementado los costos de atención y ha limitado la capacidad de respuesta ante nuevos casos como el de las familias del Catatumbo.
Bogotá sigue acogiendo a las víctimas del conflicto, pero no puede enfrentar sola una crisis estructural que exige respuestas urgentes y coordinadas desde el nivel nacional. Mientras tanto, quienes han huido de la violencia solo piden un lugar seguro donde rehacer sus vidas.
