Hasta 50 millones de pesos ofrecen de recompensa el secretario distrital de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, y el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Herbert Benavides, para dar con los responsables de atacar a los funcionarios públicos en medio de los actos vandálicos registrados en la capital por la comunidad Embera.
Desde la administración de Bogotá hemos sido claros en que una cosa es la manifestación pública y pacífica, derecho constitucional que se garantiza, se respeta y se acompaña, pero otra cosa es la violencia, el vandalismo y la agresión a los ciudadanos, delitos que se persiguen y se deben sancionar.
dijo Fernández.
El secretario de Seguridad dejó claro que tanto la Policía como los gestores de convivencia actuaron de acuerdo con lo estipulado en los protocolos.
En ese sentido, anunció: “Ya hay dos personas capturadas y estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estos hechos violentos”.
La Policía Nacional dio a conocer el cartel con las personas que estarían involucradas en estos actos vandálicos y en la agresión a uniformados y gestores de convivencia por la comunidad Embera.
Situación con la comunidad Embera
Desde horas de la mañana decenas de indígenas de la comunidad Embera katío que estaban asentados en el Parque Nacional y posteriormente fueron reubicados en La Rioja, se tomaron el antiguo edificio Avianca, en el Parque Santander.
La comunidad Embera estarían usando a decenas de niños menores de edad, como escudo para evitar que las autoridades intervengan y logren evacuarlos de este edificio, que queda sobre la carrera Séptima en el centro de la ciudad, a pocos metros de la sede del Banco de la República.
Los indígenas se tomaron ilegalmente las entradas y salidas de este edificio y al interior del mismo habría más de 200 personas totalmente retenidas en contra de su voluntad.
Esta situación estaba ocurriendo a pesar de que en el lugar hay presencia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Los indígenas se habrían tomado este edificio como ‘represalia’ ante la posible negativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de atender nuevas exigencias de la comunidad.
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