¿Oficina de chantaje?

[responsivevoice_button voice="Spanish Latin American Male" buttontext="Escuchar Noticia"]
Compartir en

Un nuevo escándalo sacudió a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encabezada por el director Felipe Harman, tras denuncias de contratistas que aseguran estar siendo presionados para usar sus redes sociales personales en la difusión de propaganda política. Según testimonios, la orden consistía en publicar videos y mensajes exaltando al gobierno del presidente Gustavo Petro y al director de la entidad, Felipe Harman, finalizando con el hashtag #ConDignidadCumplimos. Quienes se negaban, temían represalias laborales.

Denuncia

Los denunciantes advirtieron que incluso a quienes no tenían cuentas activas se les ofreció crear perfiles nuevos para no quedar por fuera de la campaña, medida que calificaron como una vulneración directa de sus derechos laborales. “Nos obligan a hacer política con nuestros propios medios, y bajo la amenaza de perder el contrato”, indicó un contratista.

La situación no paró allí. En la sede de Villavicencio, contratistas del área de Topografía denunciaron acoso laboral, presuntas solicitudes de dinero para agilizar trámites y hasta apropiación irregular de equipos oficiales. El señalado fue Jonathan Felipe Rodríguez Suárez, jefe del área, a quien acusaron de manejar un “mini almacén paralelo” y de ingresar de forma ilegal a computadores de trabajadoras para espiar conversaciones privadas.

Aunque estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la directora de Acceso a Tierras, Deicy Lizeth Gómez Gómez, la respuesta habría sido un silencio absoluto, lo que aumentó el miedo y la sensación de impunidad. Pese a que las pruebas ya fueron entregadas a entes de control, los contratistas manifestaron temor de que el caso quede archivado, como muchos otros en Villavicencio.

Mientras tanto, Rodríguez Suárez continuaba moviéndose en escenarios políticos con aspiraciones regionales, lo que alimentó las sospechas de corrupción, poder desmedido y complicidad institucional. Para las víctimas, la conclusión es amarga: un nuevo capítulo de abusos que, temen, “no pasará absolutamente nada”.


Compartir en