Son las primeras cifras que se divulgan en el año y corresponde a las personas que han sido asesinadas en hechos violentos en todo el territorio nacional. Se trata de ocho personas asesinadas perteneciente a miembros de comunidades indígenas en tan solo cinco días.
Colombia ha sido testigo de una de las cifras más altas de homicidio en tan corto periodo de tiempo, dirigidos a personas indígenas, todos perpetrados en la región del Pacífico.
La Organización Nacional Indígena de Colombia, (Onic), ha revelado que estos hechos han ocurridos entre el 16 y el 20 de septiembre de 2021, de ellos tres fueron cometidos en Nariño, dos en Chocó y uno en el Cauca.
No obstante, la Ong Indepaz, ha reportado otras dos muertes en los mismos departamentos: las víctimas fueron identificadas como Jesús Alexánder Chepe Ulcué y David Aricapa Viscue, ambos en Cauca.
Rechazo a los crímenes
Los pueblos y las naciones indígenas representadas en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) han descalificado en reiteradas oportunidades estos actos violentos y señalan como sus causas, la disputa por las rutas del narcotráfico entre Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos ilegales que operarían en la zona.
Cifras en ascenso
Norey Quiguá, secretario técnico de la Confederación Indígena Tayrona, ha exteriorizado su intranquilidad, asegura que al menos 43 líderes étnicos han sido fallecidos por hechos delincuencial en Colombia, en lo que ha transcurrido este 2021. Ante esto ha revelado que “a lo que se suman seis compañeros más en los últimos días”.
El Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, también ha mostrado su intranquilidad ante el abuso de autoridad de los grupos armados ilegales que operan en las diferentes regiones de Colombia, pues en los primeros nueves meses del año 2021, se han reportado al menos 58 homicidios.
En muchas ocasiones los voceros de estas comunidades, se han abocado a mesas de reuniones y les han solicitado a los grupos ilegales que cese el “etnocidio físico y cultural” contra sus pueblos.
También han planteado reuniones y han establecido, mediantes reportes, peticiones ante la Fiscalía General de la Nación, para que se le dé celeridad a los casos y el posible acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Aún esperan respuesta.
