Las autoridades han identificado a ocho presuntos responsables del secuestro de 29 uniformados
en el Cañón del Micay, Cauca, ocurrido la semana pasada. Según las investigaciones, los implicados
pertenecen a la estructura Carlos Patiño, un grupo disidente vinculado al narcotráfico y otros
delitos en la región.
El principal cabecilla identificado es Anderson Andrey Vargas Suns, alias Kevin, señalado de operar
en Argelia, El Tambo y Patía, municipios clave en la disputa por el control territorial. Junto a él
están alias “Rayo”, segundo al mando; alias “Tabares” y alias “Giovanny Armero”, líderes de
comisión; alias “Edwar Ramírez”, cabecilla de la compañía Samarita Gómez; alias “Zamora”, al
frente de la compañía Fardey Díaz con presencia en El Plateado y el Cañón del Micay; alias
“Farley”, tercer cabecilla y líder de la compañía Jaison Cardona; y alias “Nelson o Gafas”, con
funciones pseudopolíticas dentro del grupo ilegal.
Las investigaciones indican que estos individuos no solo estarían detrás del secuestro de los
militares, sino que también han instrumentalizado a la población civil para frenar la presencia de
las fuerzas armadas en la región. Se ha establecido que han utilizado a comunidades locales como
escudo para impedir operativos de erradicación de cultivos ilícitos, ejerciendo presión y amenazas
sobre los habitantes para evitar la intervención del Estado.
La retención de los uniformados se produjo en medio de un fuerte rechazo a las operaciones
militares en la zona, donde la estructura criminal ha consolidado un corredor estratégico para el
narcotráfico. Las autoridades han confirmado que la maniobra tenía como fin evitar la
erradicación de cultivos de coca, una de las principales fuentes de financiación de este grupo.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno y la fuerza pública han intensificado los operativos en
el Cañón del Micay y otros puntos críticos del Cauca, con el objetivo de capturar a los responsables
y desarticular la red criminal. Se espera que en los próximos días se emitan órdenes de captura
contra los implicados, mientras continúan las acciones para evitar que grupos ilegales sigan
utilizando a la población como barrera contra la intervención estatal.
