La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió este martes la primera gran sentencia dentro del Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por la antigua guerrilla de las Farc. El alto tribunal condenó a siete miembros del último Secretariado a la pena máxima contemplada en este modelo de justicia: ocho años de sanción propia.
Los exlíderes Rodrigo Londoño, Jaime Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda fueron hallados responsables de toma de rehenes, homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otros crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 1993 y 2012.
Una sanción restaurativa
La condena no implica cárcel, sino el cumplimiento de tareas restaurativas durante ocho años, entre ellas: búsqueda de personas desaparecidas, acciones integrales contra minas antipersonales, recuperación del medio ambiente y actos de reparación simbólica a las víctimas.
Los sancionados permanecerán bajo un régimen de condicionalidad que les exige seguir aportando verdad en los procesos en curso. Las actividades serán monitoreadas por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU, mientras que el Gobierno Nacional deberá garantizar los recursos necesarios para la ejecución de las medidas.
Reconocimiento a las víctimas
En su fallo, la JEP destacó que los secuestros cometidos por las Farc generaron un fenómeno de macrovictimización y daño sistémico, que afectó no solo a las víctimas directas, sino también a comunidades enteras y al territorio. Las afectaciones incluyeron pérdidas económicas, daños a la salud física y mental, impactos en la sexualidad, la moral, la identidad y el ambiente.
La Unidad de Víctimas deberá garantizar la inclusión de los afectados en sus registros para que accedan a la reparación administrativa.
Más procesos en camino
El tribunal precisó que esta es la primera sentencia contra los máximos responsables de los secuestros, pero no será la única. A la fecha, 41 mandos medios también han sido imputados y varios han reconocido su responsabilidad.
Con esta decisión, la JEP busca garantizar verdad, reparación y no repetición, en medio del debate nacional sobre la proporcionalidad de las sanciones frente a la gravedad de los crímenes cometidos.
