El Cañón del Micay sigue en crisis: entre la coca y la ausencia del Estado

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Principales obstáculos

Desde octubre de 2024, el gobierno puso en marcha la Operación Perseo, con alrededor de 1.400 uniformados, combates militares, aeronaves y artillería, con el objetivo de recuperar territorio, vulnerables rutas de narcotráfico y disminuir la influencia de la guerrilla.

Promesa de inversión social
El presidente Gustavo Petro ofreció que, junto con la intervención militar, llegarían programas sociales: construcción de infraestructura (escuelas, hospitales, carreteras, acueductos), mejoramiento de viviendas, conectividad y otras acciones para sustituir la coca por cultivos legales como café, cacao, fríjoles, etc.

Erradicación voluntaria
Se planteó que la sustitución de cultivos ilícitos de hoja de coca fuese voluntaria. Los campesinos serían compensados, compra de la hoja con raíz, etc.

Control territorial incompleto
Aunque el Estado dice haber recuperado más de la mitad del territorio del Micay (≈4.200 km²), no hay control efectivo de carreteras ni de pueblos; la guerrilla sigue operando e imponiendo reglas de facto en muchas zonas.

Condiciones de abandono estatal
La población denuncia que las promesas sociales aún no se han materializado: pocos servicios básicos, infraestructura deteriorada, dificultades de acceso (vías no pavimentadas, servicios de acueducto o energía insuficientes), hospitales con limitaciones, etc.

Rentabilidad de la coca frente a los cultivos legales
Los campesinos señalan que la hoja de coca les da ingresos muy superiores a lo que se les ofrece con los cultivos sustitutos. Por ejemplo, una pequeña parcela de coca puede dejar bastante dinero trimestralmente, mientras que los incentivos del gobierno están muy por debajo.

Desconfianza y resistencia local

La población desconfía de las promesas gubernamentales.

La guerrilla ejerce influencia social: horarios, imponer normas locales, retenciones, coacción.

Existen presiones para que la comunidad rechace la presencia militar.

Problemas operativos, de seguridad y burocráticos

Dificultades logísticas para que contratistas ingresen y ejecuten obras.

Amenazas, minas, ataques, uso del terreno por la guerrilla que complica la presencia del Estado.

Procesos lentos de administración pública que dilatan la planificación y ejecución

Riesgos y consecuencias políticas y de cooperación internacional
Se advierte que si los avances no son visibles, podría perderse apoyo internacional, en especial de Estados Unidos, en financiamiento contra narcotráfico. También hay implicaciones para la legitimidad política del gobierno.


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