En medio de un operativo policial apoyado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un hombre que fue sindicado de obligar y grabar a menores de edad para que tuvieran relaciones sexuales.
Captura
Los hechos se habrían presentado desde el pasado mes de agosto del 2021, al interior de una vivienda ubicada en la diagonal 16 con calle 17C del barrio Villa Ortiz, en la ciudad de Villavicencio.
De acuerdo a las autoridades, el hoy capturado que fue identificado como Johan Sebastián Orduz Bernal, habría amenazado a dos menores de edad para que llevaran a otra menor hasta la vivienda, a la cual llevaron bajo engaños.
Obligados
Al parecer, el hombre habría obligados a los jóvenes a tener relaciones sexuales entre ellos para poder tomar registro fílmico de las cosas que hacían para supuestamente venderlos en el mercado negro.
Una vez cometidos estos actos, el hombre amenazaba a los menores con publicar los videos en las redes sociales si no accedían a las demandas que él les pedía o si se atrevían a denunciarlo.
Vídeos
Supuestamente uno de los implicados contó lo sucedido, por lo que sus padres se encargaron de colocar la denuncia, por lo que las autoridades policiales comenzaron con la respectiva investigación del caso para constatar la veracidad de los relatos y tomar las medidas correctivas necesarias.
Luego de esto, se logró la obtención de una orden de captura en contra de Orduz, el cual fue abordado por uniformados e investigadores del CTI, que le leyeron sus derechos e hicieron efectiva la detención del hombre por estos hechos.
A responder
Orduz, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional CAIVAS, que le imputó los delitos de inducción a la prostitución y pornografía infantil.
El hombre compareció ante un juez de control de garantías, Orduz al parecer se declaró no culpable de estos hechos, sin embrago el togado lo envió a un centro carcelario, mientras se avanza en la investigación del caso. Luego de esto tendrá que comparecer nuevamente ante un juez que será el encargado de definir su situación y podría condenarlo a pagar cerca de 10 años de prisión y una multa económica de entre 50 a 500 salarios mínimos.
