En un giro que ha generado debate y preocupación entre los ciudadanos y sectores políticos de Ibagué, el SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público) adjudicó recientemente dos contratos por un total de $41.294 millones para la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación de la malla vial en la capital tolimense.
De los $41.294 millones asignados, $39.115 millones corresponden a un contrato de obra adjudicado al Consorcio Vías JCSR, que tiene como representante al joven ingeniero Juan Camilo Silva Rodríguez, mientras que el restante $2.179 millones fueron destinados al contrato de interventoría, que fue ganado por el ingeniero Juan Carlos Salazar, conocido en Ibagué por su cercanía a la administración pasada del alcalde Andrés Hurtado.
Además, Salazar estuvo al frente de la interventoría en la fallida pavimentación de las calles internas del barrio El Limonar y las cubiertas de escenarios deportivos. En todos estos proyectos, los nombres de Sharon Guzmán, Diego Herrán y la abogada Angie Juliett Rojas Millán son recurrentes, pues, según denuncias de fuentes dentro de la administración local, ellos habrían sido parte clave de los procesos de licitación en los cuales Salazar resultó favorecido con los contratos de interventoría.
