El Gobierno nacional decidió reactivar de manera oficial las operaciones aéreas contra estructuras armadas ilegales, un cambio que marca un viraje en la política de seguridad adoptada durante los últimos meses. Según fuentes del Ministerio de Defensa, los recientes bombardeos se llevaron a cabo en zonas rurales donde se detectaron campamentos y movimientos logísticos de grupos que, pese a los diálogos exploratorios, continuaban ejecutando acciones violentas contra la población civil y la Fuerza Pública. La decisión se tomó tras analizar los riesgos crecientes en departamentos como Cauca, Nariño y Arauca.
De acuerdo con autoridades militares, estas operaciones se realizaron bajo protocolos estrictos para evitar afectaciones a menores de edad o a poblaciones cercanas, un punto que había generado controversias en el pasado. El Gobierno enfatizó que la determinación no busca cerrar las puertas a eventuales procesos de paz, sino reforzar la capacidad del Estado para contener el poder armado de organizaciones que no han mostrado voluntad real de desescalar el conflicto. Los ataques a estaciones de Policía, el aumento de extorsiones y los atentados a infraestructura energética influyeron en la resolución.
La reactivación de estos operativos aéreos, que incluyen inteligencia avanzada y apoyo tecnológico, también ha sido interpretada como una respuesta a los recientes reclamos de gobernadores y alcaldes, quienes han advertido sobre el deterioro del orden público en sus territorios. Analistas coinciden en que este giro busca recuperar el control en zonas estratégicas y enviar un mensaje contundente frente a las acciones criminales que han afectado a comunidades rurales. El Gobierno, por su parte, insiste en que la seguridad y la protección de la ciudadanía seguirán siendo prioridad, mientras se mantiene abierta la posibilidad de avanzar en diálogos siempre que los grupos armados demuestren compromisos reales.
