El proceso judicial contra un grupo de ciudadanos capturados el 12 de diciembre de 2024 en Puerto López, por presuntos vínculos con grupos armados ilegales, podría venirse abajo por cuenta de serias irregularidades denunciadas por sus abogados defensores.
Según el abogado Jaime Macías, quien funge como apoderado de confianza de Pedro Alejandro, Álvaro Cegua y Celerino Marín, tres de los 10 procesados, se han identificado al menos cuatro fallas graves que afectarían directamente el derecho al debido proceso, es decir, el derecho de cualquier persona a tener un juicio justo, con reglas claras y respetando sus garantías.
Celerino, un ciudadano con discapacidad y víctima de desplazamiento al igual que Álvaro, hoy espera que la justicia sea efectiva y pueda retomar la vida y la tranquilidad que le fue arrebatada. Ciudadanos exigen que, los procesos judiciales se lleven con transparencia, rigor y respeto por las garantías, pues la seguridad no puede ser disfrazada con falsos positivos.
Portolopenses aseguraron que, tras las capturas de estos hombres habría intereses oscuros del exalcalde de Puerto López, Víctor Bravo, quien presuntamente tendría intereses de quedarse con hectáreas de predios de El Descanso, Cimarrón y Uberlandia.
“Lo ocurrido es un entramado judicial orquestado por dirigentes políticos de la extrema derecha de amplio conocimiento en el departamento del Meta, incluido el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga. El objetivo era sacar del camino a los líderes sociales más importantes de tierras en Puerto López”, expuso un ciudadano.
Frente al mencionado predio El Descanso, EXTRA conoció que, existe una demanda contra Marleny Cardona por fraude procesal y falsedad en documento público y privado, siendo acusada de falsificar unos contratos de arrendamiento para ingresar al predio, presuntamente con auspicio de Víctor Bravo, según la comunidad.
Capturas
Ya casi se cumple un año de las capturas que se efectuaron en medio de un megaoperativo en zona rural de Puerto López. El 11 de diciembre de 2024 a las 4:00 de la mañana con un despliegue de película, las autoridades prometían un contundente golpe a la criminalidad que hoy es visto por muchos como una grave y repudiable injusticia a ciudadanos de bien que no contaban con ningún antecedente judicial y solo han estado vinculados a las labores del campo. Te
Cerca de 400 personas de sectores aledaños a donde residen los implicados, firmaron un documento con una queja ante las autoridades competentes pidiendo su libertad y argumentando que se trata de ciudadanos de bien, “no son delincuentes y no han hecho ningún mal como han pretendido hacerlo ver”, expresó un portolopense.
¿Un fiscal que no podía asumir el caso?
La primera señal de alarma tiene que ver con el fiscal que asumió el proceso: Diego Mauricio Marín García, delegado en Quibdó, quien actuó como fiscal de apoyo sin, al parecer, tener la facultad legal para hacerlo. Esto, según Macías, convierte todas sus actuaciones en ilegales, poniendo en entredicho decisiones tan delicadas como enviar a los capturados a la cárcel.
Otro aspecto preocupante es que la juez de control de garantías reconoció en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que los imputados no hacían parte del grupo armado al que inicialmente se les vinculó. Esto deja sin claridad cuál es el delito que realmente se les imputa. “No se sabe de qué deben defenderse”, afirmaron los abogados, advirtiendo que esa confusión impidió ejercer la defensa por el delito imputado por la Fiscalía en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, afectando los derechos a los implicados.
Cambio de delito sobre la marcha
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía habló del delito de concierto para delinquir agravado (que implica hacer parte de una organización criminal). Sin embargo, la jueza que dictó medida de aseguramiento concluyó que el delito era financiación del terrorismo, un cargo distinto y más grave.
Tiempo después, el fiscal titular de concomimiento retomó el caso en etapa de acusación, ignorando el delito por el que inicialmente se le mandó a prisión y presenta los cargos contra los imputados, por concierto para delinquir agravado. Para la defensa, este vaivén en los cargos imputados tanto por la juez con función de control de garantías ambulante de Villavicencio, como por el fiscal en la formulación del escrito de acusación, rompe el principio de coherencia, legalidad congruencia y vulnera el derecho fundamental al debido proceso en este caso.
Juez sin competencia territorial
La última irregularidad señalada por la defensa tiene que ver con el lugar donde se realizó el proceso. Las audiencias se hicieron, bajo la conducción de una jueza ambulante de Villavicencio, cuando todos los hechos ocurrieron en Puerto López, lo que significaría que la jueza no tenía competencia para tomar decisiones en este caso y pondría en duda toda la legalidad del proceso.
Estas irregularidades fueron objeto del mecanismo constitucional de acción de tutela con el fin que se declare la nulidad de todo lo actuado.
