El departamento del Meta se ve nuevamente envuelto en un escándalo de corrupción tras la reciente denuncia presentada por el representante a la Cámara, Jaime Rodríguez, quien expuso una serie de presuntas irregularidades en los contratos suscritos por la Secretaría de Agricultura durante el mandato del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga. La denuncia, que involucra posibles sobrecostos por un total de $12.494 millones de pesos, exige una investigación profunda por parte de las autoridades competentes.
La denuncia
La acusación se centra en 19 contratos suscritos entre los años 2022 y 2023, durante la administración de Zuluaga. Según la denuncia presentada por Rodríguez, las investigaciones iniciales revelaron diferencias significativas entre los precios de compra establecidos en los contratos y los precios reales de mercado en ese mismo período. Esta discrepancia sugiere la existencia de sobrecostos que ascienden a miles de millones de pesos, afectando gravemente las finanzas públicas del departamento.
“Es inaceptable que recursos tan importantes para el desarrollo rural y agrícola del Meta hayan sido manejados de manera tan irresponsable y posiblemente fraudulenta”, afirmó Rodríguez durante su intervención en la Cámara. Además, cuestionó la falta de supervisión y control en la ejecución de estos contratos, lo que habría permitido la comisión de estas irregularidades sin que se activaran los mecanismos correctivos necesarios.
¿Práctica recurrente?
Otro aspecto destacado por Rodríguez en su denuncia es la repetición constante de los mismos oferentes y contratistas en la mayoría de los procesos de selección llevados a cabo por la Secretaría de Agricultura. Este patrón, según el representante, genera sospechas sobre la transparencia de los procesos licitatorios, ya que sugiere la posible existencia de acuerdos entre funcionarios y contratistas para beneficiar a un círculo cerrado de empresas, limitando así la competencia y, en última instancia, perjudicando el interés público.
Intervención de la Contraloría
Ante la magnitud de las denuncias, la Contraloría General de la República ha sido notificada y se espera que inicie una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y fiscales en este caso. Se espera que la Contraloría revise minuciosamente los 19 contratos señalados y verifique si los sobrecostos denunciados son reales, así como las posibles conexiones entre los oferentes y funcionarios que habrían facilitado estas irregularidades.
