La Fiscalía General de la Nación revelo nuevas pruebas sobre un escándalo de corrupción que involucra a exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a funcionarios de alto rango, entre ellos Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y César Manrique, director de la Función Pública. Según el ente acusador, ambos habrían pactado un esquema de sobornos para apropiarse indebidamente de recursos a través de la Agencia Nacional de Tierras.
Escándalo
Este escándalo destapa una serie de delitos, entre los cuales se destacan el interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público. La situación se agrava por el hecho de que la Agencia Nacional de Tierras, entidad cuyo propósito es beneficiar a las poblaciones más vulnerables del país a través de la gestión y distribución de tierras, se encuentra ahora en el ojo del huracán, siendo utilizada como una plataforma para el desvío de recursos públicos y la obtención de coimas.
¿Cómo operaba?
La Fiscalía explicó que el acuerdo criminal tuvo lugar desde julio de 2023, cuando Olmedo López, junto con Sneyder Pinilla y Luis Carlos Barreto, también funcionario de la UNGRD, empezaron a coordinar la modificación de un convenio entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras. La maniobra estaba destinada a reducir el valor de este convenio en 100.000 millones de pesos, dinero que, en lugar de ser redirigido a proyectos sociales, fue canalizado para nutrir el esquema de sobornos y anticipos que asegurara la operatividad de toda la red de corrupción.
Se calcula que el 7% de los recursos desviados, que equivale a varios millones de pesos, habría sido asignado exclusivamente para sobornos, pactados entre López y Manrique. Este desvío de fondos pone en evidencia no solo la manipulación de los recursos del Estado, sino el descarado abuso de poder que estos funcionarios ejecutaron con total impunidad.
Responsabilidad de la ANT
La Agencia Nacional de Tierras se ve ahora señalada en el marco de esta investigación por haber sido el canal facilitador de este esquema de corrupción. La crítica no recae únicamente sobre los funcionarios implicados, sino sobre la entidad misma, cuestionándose su papel y su falta de control interno. ¿Cómo es posible que un organismo cuya misión es administrar y distribuir tierras para la población rural haya terminado siendo cómplice en el desvío de estos recursos?
