La Secretaría de Integración Social denunció el 14 de diciembre de 2024 el castigo físico en el cepo a un joven Emberá Chami de 16 años, sucedido en la Unidad de Protección Integral La Florida. Este caso fue identificado durante los recorridos interinstitucionales del Puesto de Mando Unificado (PMU), que supervisa el bienestar y los derechos de las comunidades étnicas asentadas en Bogotá. La situación pone en evidencia prácticas violentas que vulneran los derechos fundamentales de los menores de edad.
Ante esta grave situación, la Secretaría activó de manera inmediata la ruta de prevención frente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Como primera medida, se reportó el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y se presentó la denuncia formal ante la Fiscalía para que los delitos de violencia intrafamiliar sean investigados. Además, se remitió información a las Comisarías de Familia de Funza para que se evalúen posibles casos de violencia de género o violencia familiar relacionados.
Nuevo caso de castigo en cepo en UPI La Florida
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Es importante resaltar que estas prácticas, como el uso del cepo, contravienen las disposiciones constitucionales que priorizan la protección de los derechos de los niños y las niñas. En particular, el artículo 44 de la Constitución y la Ley 2089 de 2021 prohíben el castigo físico, los tratos crueles y humillantes hacia los menores de edad. La evidencia de estas acciones violentas refleja la necesidad urgente de una intervención que contemple tanto la protección de los niños como el respeto por las normas legales y constitucionales del país.
En respuesta, la Secretaría reiteró que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son superiores y no deben ser limitados por prácticas culturales que contravengan la ley. Por ello, la entidad mantiene una postura firme de rechazo frente a estos hechos y continúa trabajando en coordinación con entidades como el ICBF, las Comisarías de Familia y la Fiscalía, para garantizar justicia y prevenir futuras vulneraciones.
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Este caso evidencia un desafío constante en el equilibrio entre los derechos culturales y los derechos fundamentales de los niños. La Secretaría de Integración Social reafirma su compromiso con la protección integral de los menores y continuará fortaleciendo los recorridos interinstitucionales, promoviendo la educación y sensibilización en las comunidades para evitar que estas situaciones se repitan.
