La Procuraduría General de la Nación abrió este miércoles 18 de septiembre, una investigación donde al parecer en Colegio Carlos Albán Holguín, al parecer, el niño fue víctima de abuso sexual por parte de trabajadores de una obra de construcción adyacente al colegio. Este caso ha llevado a la apertura de un proceso disciplinario contra varios funcionarios del plantel educativo, quienes podrían enfrentar sanciones por fallas en la seguridad.
Hipótesis
El rector del colegio, José Fernando Villate Alba, es uno de los principales investigados. Según informes oficiales, se le acusa de «presunta exposición a daños y riesgos al permitir el desarrollo de obras locativas en el plantel», lo que habría puesto en peligro a los estudiantes a situaciones de abuso sexual, entre ellos la víctima del ataque.
La investigación también involucra a otros miembros del personal educativo, como la directora de grupo Deisy Carolina Lizarazo, el coordinador Johan Gustavo Arenas Jaramillo y el docente de Educación Física Andrés Eduardo Bulla. Estos funcionarios son señalados de no haber aplicado de manera adecuada los protocolos de protección infantil que exige la ley, al parecer omitieron las acciones necesarias, lo que causó indignación en la familia del menor quienes esperan respuestas.
La Procuraduría Primera Distrital ha declarado que su objetivo principal es «esclarecer los hechos que son objeto de investigación por abuso sexual y se ordenó la práctica de pruebas pertinentes». El enfoque de la indagación es determinar si los servidores públicos incumplieron con sus deberes legales en la aplicación de medidas de seguridad para proteger a los estudiantes.
Investigación
Este incidente ha generado un intenso debate sobre la seguridad en las instituciones educativas públicas de Bogotá. Padres de familia y la comunidad en general cuestionan la efectividad de los protocolos de protección infantil en los colegios, exigiendo una revisión exhaustiva y la implementación de medidas más estrictas.
Estos eventos han generado un debate sobre la seguridad en las instituciones públicas de Bogotá y la efectividad de los protocolos de protección infantil. Las autoridades continúan investigando ambos casos, mientras que la comunidad educativa y los padres de familia exigen medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Este caso se suma a otra denuncia reciente de abuso sexual en la institución educativa Arborizadora Alta, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. El incidente, que involucra a una niña de 10 años, provocó violentas protestas por parte de los residentes locales. La concejal Diana Diago del Centro Democrático ha denunciado la magnitud del problema, señalando: “De los 6.000 presuntos casos de violencia sexual reportados por el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, 3.000 reportan que ocurrieron al interior de las instituciones educativas”.
