El Gobierno Nacional, a través del Capítulo IV del nuevo decreto sobre arrendamientos, estableció que los arrendadores no podrán exigir ningún tipo de depósito o pago anticipado destinado a cubrir gastos por estudio de documentos, pólizas, trámites administrativos o anticipos no pactados. La medida busca frenar las prácticas abusivas que durante años afectaron a miles de inquilinos, quienes debían asumir costos adicionales antes de acceder a una vivienda en alquiler. Según el Ministerio de Vivienda, este cambio normativo busca equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos y fortalecer la transparencia en los contratos de arrendamiento.
El Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio anunciaron nuevas medidas para proteger a los arrendatarios en Colombia, prohibiendo que los arrendadores o inmobiliarias cobren tres trámites considerados abusivos: el estudio de crédito, la verificación de documentos y la expedición del paz y salvo al finalizar el contrato. Según las autoridades, estos costos deberán ser asumidos por los propietarios o las agencias administradoras, ya que hacen parte de su gestión comercial y no deben trasladarse al inquilino. La medida busca equilibrar las relaciones contractuales y frenar las prácticas que encarecen el acceso a la vivienda en alquiler.
La decisión fue celebrada por organizaciones de consumidores y por miles de ciudadanos que habían denunciado cobros excesivos e injustificados al momento de arrendar. En muchos casos, los costos de los trámites superaban el 10% del valor del canon mensual, convirtiéndose en una barrera para quienes buscan vivienda. Con esta disposición, las autoridades buscan hacer más transparente el mercado de arrendamientos y garantizar que los contratos se celebren bajo condiciones justas y verificables, sin cargas adicionales para el arrendatario.
