Después de varias semanas de debates intensos, consultas de analistas y movimientos de la oposición y los partidos del Gobierno para frenar o acelerar su proceso, la reforma pensional finalmente salió del Senado y está en la fase final para convertirse en ley de la República, cumpliendo una de las grandes promesas de campaña del presidente, Gustavo Petro.
A falta de dos debates, uno en comisión y otro en plenaria de la Cámara de Representantes, esta iniciativa actualmente consta de 96 artículos, 94 de los cuales son parte del texto original y dos proposiciones especiales, con los que se busca regular los tres pilares propuestos por el Ministerio del Trabajo, el umbral de cotización y la fecha de entrada en vigencia de la normativa.
Aunque el Gobierno ha enfatizado en varias ocasiones que lo más importante es generar confianza y apoyar la protección de los adultos mayores que actualmente se encuentran desamparados, los analistas y centros de estudio económico siguen poniendo su atención en el impacto fiscal que tendrá la reforma, tanto para el Estado como para los jóvenes. En resumen, hay cinco puntos clave en la reforma que ha salido del Senado.
El primero de ellos es que el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones se ha fijado en 2,3 salarios mínimos mensuales. Esto significa que cualquier persona que gane esta cantidad o menos deberá, por obligación, aportar al fondo de ahorro público que se creará para este fin y que será administrado por el Banco de la República. Mientras tanto, aquellos que superen este umbral solo podrán decidir sobre el remanente. Ante esta medida, Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, ha expresado que considera dicho umbral demasiado alto y ha calificado como una expropiación el hecho de que los aproximadamente $300 billones pertenecientes al ahorro individual de los trabajadores pasen al fondo público que gestionará el Emisor. «Vamos a tener un Banco de la República un poco bipolar, si se me permite la expresión, en el sentido de que, por un lado, en una política pública va a intentar bajar las tasas de interés, y por otro, en su fondo de pensiones va a intentar subirlas porque eso generará una mayor rentabilidad para los trabajadores que tienen sus fondos.
Esto es contrario a la lógica», comentó Cuervo. Otro punto clave de la reforma tiene que ver con el régimen de transición, el cual se ha establecido en 750 semanas para las mujeres y 900 para los hombres. De esta manera, la reforma solo afectará a aquellos que tengan menos de este tiempo cotizado en los fondos de pensiones, ya sea público o privado. En cuanto al cambio de régimen (de público a privado o viceversa), que actualmente debe hacerse con 10 años de antelación, la reforma establece que solo aplicará a aquellos que estén dentro del régimen de transición, y que estas personas «tendrán dos (2) años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen conforme a la normativa anterior», según lo establece el texto. Es importante recordar que la reforma elimina tanto el régimen de prima media como el de ahorro individual para crear el sistema de pilares.
En el sistema actual, la mayoría de los trabajadores afiliados (alrededor del 74%) están inscritos en fondos privados, mientras que una proporción significativa de los jubilados (alrededor del 84%) reciben sus pensiones a través de Colpensiones. Además, en el régimen público se encuentran los jubilados de los antiguos regímenes especiales, quienes disfrutan de pensiones considerablemente elevadas, las cuales desaparecerán.
Este escenario obliga al Estado a destinar cerca de $18 billones en subsidios al sistema para garantizar el pago a sus jubilados, ya que los fondos provenientes de las cotizaciones de los trabajadores activos no son suficientes. Precisamente en lo que concierne a los subsidios, la reforma establece que estos se incrementarán, pasando de $80.000 en la actualidad a $223.000 si se llega a aprobar. Aunque este es uno de los puntos que se consideran positivos de la reforma, hay quienes argumentan que no era necesaria una reforma para lograrlo. Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, ha manifestado que, a pesar de que este aseguramiento social, así como el fin de las megapensiones, son aspectos muy positivos, la reforma tal como está planteada es fiscalmente insostenible, y cree que varios puntos no pasarán el filtro de la Corte Constitucional.
«Hay artículos que plantean el riesgo de quitarle el ahorro individual a las personas y trasladarlo a Colpensiones, lo cual podría ser considerado una expropiación y, por ende, inconstitucional, lo que llevaría a que la reforma se declare inexequible. El Estado no tendrá la capacidad para cubrir las pensiones en unos años», indicó.
Durante un discurso pronunciado ayer sobre la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro celebró la aprobación en el Senado y destacó los beneficios de cada uno de los pilares de esta iniciativa. Además, propuso un cambio arriesgado para el umbral de cotización que se aplica en el pilar contributivo. Petro Urrego señaló que «el tercer pilar está destinado a quienes cotizan entre uno y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, y estarán afiliados a Colpensiones. Yo propongo aumentarlo hasta 4 salarios mínimos si la Cámara de Representantes me respalda, de manera que se garantice el derecho a la pensión para este grupo».
