Documentos ocultos, ventas sospechosas y una denuncia que resuena.
Flandes ha salido a la luz, tras la denuncia pública realizada el pasado 6 de noviembre por el concejal Pedro Leal. En el video que fue difundido a través de diversos canales de comunicación, Leal reveló el mal manejo del archivo central de la ciudad, con documentos cruciales que presuntamente fueron desechados de manera irregular y sin el debido proceso. Sin embargo, la situación se ha complicado aún más con la aparición de un acta y una factura, fechadas apenas días después de la publicación del video, lo que ha generado nuevas preguntas sobre la transparencia y legalidad de las acciones de algunos funcionarios municipales.
Lo que parecía ser un caso aislado de negligencia administrativa, rápidamente se transformó en un escándalo mayor cuando, dos días después de la denuncia pública, surgieron nuevas pruebas que comprometen aún más a los funcionarios involucrados.
Controversia
Lo más reciente en el caso son dos documentos que han llamado poderosamente la atención un acta fechada dos días después de la denuncia pública y una factura emitida al día siguiente. Estos documentos fueron entregados al concejal Leal y posteriormente a este medio, lo que ha levantado una serie de interrogantes sobre la actuación de la administración municipal.
El acta en cuestión parece hacer referencia a la «baja» de los documentos que el concejal había denunciado como parte de un proceso irregular de eliminación. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿por qué no se presentó esta acta antes de la denuncia, si supuestamente esos documentos ya habían sido destruidos o dados de baja? Además, la factura emitida a nombre de la compra de materiales para la destrucción de documentos parece indicar que la acción de deshacerse de los archivos fue realizada en una chatarrería local.
El hecho de que la factura de la compra de materiales para la destrucción de documentos haya sido emitida justo después de la denuncia pública plantea serias dudas sobre la legitimidad de las acciones de los funcionarios implicados. Se trata de una operación que, en principio, debería haber sido supervisada por entes de control internos y externos, pero presuntamente hasta el momento no se ha ofrecido una explicación clara sobre el proceso.
Según fuentes en la emisora local, Anita Visbal Hernández tiene previsto salir al aire en las próximas horas para presentar una versión oficial sobre los hechos. Se espera que intenten convencer a la comunidad de que el procedimiento seguido fue el correcto y que no hay irregularidades. Sin embargo, la comunidad y los medios ya están en alerta y no parecen dispuestos a aceptar una versión que no aclare de manera contundente las dudas sobre el manejo de los documentos.
